La acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios miembros de su gabinete y cuerpos de seguridad, los vincula directamente con operaciones de narcotráfico de la facción de los «Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Los líderes, según el indictment, de los Chapitos ordenaron a sus operadores que se robaran urnas con votos que favorecían a Rocha Moya, así como intimidar a candidatos de oposición. En respuesta, en múltiples ocasiones antes de llegar a la gubernatura y ya como gobernador, Rocha Moya habría acudido a reuniones con los Chapitos, en las cuales habría asegurado su apoyo para dejar libres las operaciones de la facción del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los documentos judiciales, Rocha Moya es señalado como un aliado clave que ha utilizado su cargo para proteger y facilitar el crecimiento del imperio del tráfico de drogas del cártel.
La acusación sostiene que el gobernador, quien asumió el cargo en noviembre de 2021, fue elegido con el apoyo estratégico de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, conocidos como los «Chapitos«.
La acusación señala que, a principios de 2021 y previo a su elección, Rocha Moya se reunió con líderes del cártel, incluidos Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, bajo la protección de sicarios armados.
En dicho encuentro, se habría pactado que los «Chapitos» asegurarían su victoria electoral a cambio de que el gobernador colocara a funcionarios afines al cártel en posiciones de autoridad.
El documento detalla que, para garantizar el triunfo de Rocha Moya, miembros del cártel robaron boletas electorales y secuestraron o intimidaron a candidatos de la oposición. En este esquema también se vincula a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quien presuntamente entregó al cártel los nombres y direcciones de los oponentes políticos para que fueran amenazados y forzados a abandonar la contienda.
Red de corrupción en seguridad pública
La acusación formal identifica a otros altos funcionarios sinaloenses como co-conspiradores, entre ellos:
Enrique Inzunza Cázarez: Actual Senador y exsecretario General de Gobierno, acusado de reunirse con líderes del cártel para coordinar planes de apoyo y protección.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, señalado por recibir sobornos mensuales superiores a los 100,000 dólares a cambio de alertar sobre operativos policiales y permitir la evacuación de laboratorios de drogas.
Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General del Estado, quien presuntamente recibía pagos mensuales para proteger a miembros de la organización y filtrar información sensible sobre investigaciones respaldadas por Estados Unidos.
Gravedad de los cargos
El pliego de cargos incluye conspiración para la importación de narcóticos, específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, hacia territorio estadounidense. Asimismo, se imputan cargos por conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Uno de los puntos más críticos de la acusación refiere la participación de elementos policiales en actos de violencia extrema. Se alega que, bajo la administración de Rocha Moya, mandos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Policía de Investigación estatal facilitaron el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y su familiar en octubre de 2023, en represalia por colaborar con las autoridades estadounidenses.
La fiscalía estadounidense sostiene que esta red de corrupción ha permitido que el Cártel de Sinaloa mantenga un control casi total sobre las agencias de aplicación de la ley en el estado, garantizando la impunidad para sus operaciones y el flujo masivo de drogas hacia las comunidades de los Estados Unidos.
