La propuesta de Morena sobre derechos de las audiencias se presenta como una defensa del público, pero su diseño abre una puerta peligrosa, que el gobierno decida qué es verdad, qué es opinión válida y qué contenido merece una sanción. Esa puerta, en una democracia, se llama censura y se parece más a los métodos de una dictadura donde se le dice al ciudadano qué es bueno leer.
El debate no es menor ni técnico, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, con el argumento de garantizar información veraz, distinguir noticias de opiniones y establecer mecanismos de queja frente a contenidos de radio y televisión. La consulta, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, ocurre además en un contexto político en el que desde el poder se ha insistido en combatir la desinformación y exigir “veracidad” a los medios.
A primera vista, nadie podría oponerse a que las audiencias tengan derechos. El público merece transparencia, información contextualizada, distinción entre publicidad y contenido editorial, accesibilidad y mecanismos para presentar inconformidades. El problema surge cuando esos derechos dejan de ser una herramienta ciudadana y se convierten en una facultad de vigilancia estatal sobre el contenido periodístico. Ahí la protección se transforma en control.
El tema no es menor, los lineamientos podrían permitir a la autoridad revisar decisiones editoriales, intervenir en quejas sobre contenidos informativos y eventualmente imponer sanciones. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión alertó que el proyecto es ambiguo, abre espacio a la discrecionalidad gubernamental para definir información falsa o descontextualizada, subordina al defensor de las audiencias a la autoridad y contempla multas que, según su lectura, excederían lo previsto en la ley. Esa combinación —ambigüedad, poder sancionador y autoridad política— es el terreno fértil de la censura y es propio de una dictadura.
Es claro que a Morena no le gusta aquellos que piensan diferente, si un periodista critica al régimen es de ultraderecha, conservador o un peligro para México, así que este proyecto lo que busca es que censurar a quienes piensan libremente y encumbrar a los aplaudidores del régimen. Una norma que permite a una autoridad evaluar la veracidad de contenidos, revisar quejas, presionar a defensores y sancionar a concesionarios puede ser usada hoy con mesura y mañana como garrote.
La democracia no se mide por la comodidad del gobierno ante los elogios, sino por su tolerancia frente a la crítica. Si un periodista, conductor o analista sabe que una interpretación incómoda puede ser considerada “descontextualizada”, que una queja puede activar un procedimiento administrativo y que una autoridad puede revisar o sancionar, el incentivo natural será moderar, suavizar o evitar ciertos temas. La censura moderna rara vez llega con tijeras visibles; suele operar mediante trámites, multas, amenazas regulatorias y miedo a perder concesiones.
La verdad en una sociedad libre no se decreta desde una oficina pública, se disputa con datos, contraste, rectificaciones, derecho de réplica, pluralidad, tribunales independientes cuando hay daño y, sobre todo, con más libertad de expresión. El periodismo debe responder por errores, sí; los medios deben transparentar publicidad y opinión, también. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta es entregar al poder político la llave para decidir qué discurso puede circular sin castigo.
