Mientras los señalamientos se acumulan alrededor del círculo más cercano de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República parece tener una respuesta distinta cuando las investigaciones rozan a personajes vinculados con el poder.
Ernestina Godoy negó que existan órdenes de aprehensión contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y contra el empresario Amílcar Olán. Ante los cuestionamientos de la prensa durante su llegada al Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, la fiscal respondió simplemente: “no hay nada”.
La declaración llega pese a que Olán aparece desde hace meses en investigaciones periodísticas y acusaciones políticas relacionadas con presuntas redes de corrupción, negocios gubernamentales y contrabando de combustible. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente investigaciones administrativas y penales relacionadas con el empresario.
Olán también volvió al centro del escándalo después de que Latinus difundiera grabaciones atribuidas al empresario en las que presuntamente afirma haber entregado dinero a la campaña de Marina del Pilar en Baja California. Hasta ahora, el contenido de esas grabaciones constituye un señalamiento periodístico y no una sentencia judicial.
Pero mientras la FGR sí ha desplegado acusaciones, cateos y órdenes judiciales contra otros personajes involucrados en investigaciones de huachicol fiscal, cuando los cuestionamientos alcanzan a Andy López Beltrán la respuesta institucional continúa siendo que no existe ninguna orden en su contra.
El contraste resulta todavía más evidente por el caso de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. La propia Fiscalía los acusa de encabezar una red de contrabando de combustible dentro de las aduanas marítimas y ha presentado como elementos de investigación documentos aduanales, armas y expedientes encontrados durante cateos. Ambos han rechazado las acusaciones y su defensa sostiene que la investigación está manipulada.
Cuando Godoy fue cuestionada sobre Rafael Ojeda, exsecretario de Marina y tío de los Farías Laguna, tampoco respondió y continuó caminando, según el reporte de Latinus.
La escena deja una pregunta inevitable sobre el comportamiento de la Fiscalía: ¿hasta dónde llegan realmente sus investigaciones cuando los nombres empiezan a acercarse al núcleo político y familiar del expresidente López Obrador?
Por ahora, ni Andy López Beltrán ni Amílcar Olán tienen una orden de aprehensión conocida públicamente, y no existe una sentencia que permita calificarlos jurídicamente como culpables. Lo que sí existe es una larga lista de señalamientos, investigaciones y cuestionamientos que obligan a la FGR a explicar por qué, frente a personajes políticamente cercanos al poder, la respuesta vuelve a ser la misma: “no hay nada”.
En una Fiscalía que presume perseguir redes de corrupción y crimen organizado, la percepción de protección política crece precisamente cuando las investigaciones parecen detenerse frente a los apellidos más cercanos al poder.
