La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, enfrenta nuevos cuestionamientos por su actuación en el caso de huachicol fiscal que involucra a altos mandos de la Marina. Mientras la institución presume investigaciones contra una de las redes de contrabando de combustible más importantes de los últimos años, no consiguió localizar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán para entregarle un citatorio ordenado por una jueza federal.
Ojeda debía comparecer como testigo dentro del proceso contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna, investigado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La comparecencia fue solicitada por la defensa y autorizada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, pero la FGR informó que no había podido encontrar al exfuncionario para notificarlo. El abogado Epigmenio Mendieta incluso aseguró que proporcionó información sobre el domicilio de Ojeda. (El Siglo de Torreón)
El episodio coloca bajo presión a Ernestina Godoy porque la propia Fiscalía reconoce públicamente la importancia de Ojeda dentro del caso. Apenas el 7 de septiembre, Godoy afirmó que fue el exsecretario de Marina quien en 2024 informó al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero sobre posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. De acuerdo con la versión oficial, aquella denuncia permitió iniciar parte de las investigaciones posteriores sobre el huachicol fiscal. (FGR)
La contradicción resulta difícil de ignorar: la FGR puede presentar a Ojeda como pieza clave cuando necesita explicar el origen de su investigación, pero no logró localizarlo cuando una autoridad judicial pidió su presencia. El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Ojeda fue secretario de Marina durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es tío político de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por la Fiscalía como figuras centrales de la presunta red criminal.
La defensa de los Farías Laguna ha exigido que Ojeda explique ante una autoridad qué sabía sobre las irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué medidas tomó mientras estaba al frente de la Secretaría de Marina. En días recientes también ha cuestionado la versión de la Fiscalía sobre diversas pruebas del expediente y sostiene que documentos presentados públicamente por la institución están vinculados con Ojeda. Esas acusaciones corresponden a la defensa y deberán ser resueltas judicialmente, pero aumentan la relevancia de su comparecencia. (El País)
El tropiezo también golpea la narrativa de eficacia que Godoy ha intentado construir alrededor de la FGR. El 26 de agosto, la propia fiscal presumía nuevas líneas de investigación, cateos y aseguramientos relacionados con redes de contrabando de combustible. Dos días después trascendió que la institución no había conseguido realizar una diligencia mucho más elemental: localizar y entregar un citatorio a quien fuera uno de los funcionarios más importantes del sexenio anterior. (FGR)
La situación alimenta además las críticas de sectores opositores que acusan a la Fiscalía de actuar con diferente velocidad dependiendo del perfil político de los involucrados. Esa acusación no demuestra por sí misma que exista persecución política, pero casos como el de Ojeda ofrecen munición a quienes cuestionan la imparcialidad de la institución: la FGR puede desplegar investigaciones, cateos y procesos penales de enorme alcance, pero cuando un exintegrante de primer nivel del gobierno anterior debe presentarse como testigo, la respuesta oficial termina siendo que no lograron encontrarlo.
Godoy tampoco puede alegar desconocimiento sobre la importancia del exsecretario. La propia Fiscalía lo ha colocado en el centro de su explicación pública del caso y asegura que su información fue determinante para abrir investigaciones sobre la red de contrabando. Si ese testimonio es tan relevante para sostener la versión institucional, su ausencia ante una jueza resulta todavía más difícil de justificar. (FGR)
Por ahora, Rafael Ojeda no está acusado penalmente en este episodio y el hecho de haber sido citado como testigo no implica responsabilidad delictiva. Pero el problema inmediato es otro: la FGR tenía una orden para notificarlo y no lo hizo. Y esa responsabilidad administrativa y operativa pertenece directamente a la institución que dirige Ernestina Godoy.
En una Fiscalía que presume capacidad para investigar complejas redes de contrabando internacional, el extravío de un exsecretario de Estado resulta, cuando menos, embarazoso. La pregunta ya no es solamente qué sabe Rafael Ojeda sobre el huachicol fiscal, sino cómo explica Ernestina Godoy que su Fiscalía pueda seguir el rastro de barcos, combustible, cuentas, bodegas y altos mandos… pero se quede sin pistas justo cuando tiene que entregar un citatorio.
