Los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, presentados este martes por el Gobierno federal, no deben convertirse en un mecanismo que permita al Estado intervenir en los contenidos de radio y televisión, advirtieron expertos consultados por La Silla Rota, quienes alertaron que la propuesta, aunque incorpora avances en materia de derechos de las audiencias, también abre la puerta a mecanismos que podrían derivar en censura y autocensura.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó la mañana del mártes que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública de 20 días sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los cuales desarrollan la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La propuesta obliga a concesionarios de radio y televisión abierta, televisión y audio de paga, así como a programadores de uso comercial, público y social, a contar con códigos de ética, personas defensoras de las audiencias y mecanismos para atender quejas.
Además, establece obligaciones para distinguir entre información y opinión, separar publicidad de contenidos, garantizar el derecho de réplica y fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad.
Expertos alertan riesgo de censura
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró que el principal problema de los nuevos lineamientos radica en que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano que forma parte del Poder Ejecutivo, terminaría evaluando conceptos como “veracidad”, “objetividad” o la separación entre información y opinión, criterios que calificó de amplios y ambiguos.
“El propio Poder Ejecutivo se está arrogando la facultad de decidir qué es verdad y qué es mentira”, advirtió Maldonado. A su juicio, la propuesta “sí parece una iniciativa encaminada a restringir el ejercicio de la libertad de expresión, y más concretamente la crítica”.
El director de Artículo 19 reconoció que los derechos de las audiencias son compatibles con la libertad de expresión; sin embargo, sostuvo que los lineamientos utilizan esos derechos para justificar una mayor intervención del Estado sobre los contenidos de los medios.
“Aquí se está tratando de instrumentalizar estos derechos para generar censura”, afirmó.
“El Estado no puede ser árbitro”
Una conclusión similar expuso Andrés Solís, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien señaló que las defensorías de las audiencias fueron creadas para resolver los conflictos entre los medios y sus públicos, por lo que incorporar al Estado como una instancia superior rompe con ese principio de autorregulación.
“No puede haber ninguna interpretación jurídica ni ideológica como para decir que el Estado puede ser árbitro”, sostuvo Solís, quien afirmó que una intervención gubernamental en esa relación contraviene los principios democráticos y la libertad de expresión.
El especialista añadió que los medios deben contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias, pero rechazó que el gobierno asuma funciones que, dijo, corresponden exclusivamente a esas figuras independientes.
“No hace falta la imposición del Estado porque entonces se configura este asunto como un ente censor”, afirmó.
Ven riesgo de autocensura
Además de cuestionar la participación del Estado en la resolución de controversias, ambos especialistas coincidieron en que los criterios previstos en los lineamientos podrían modificar la forma en que los medios toman decisiones editoriales.
“¿Quién se va a arriesgar a cometer alguna falta bajo parámetros tan poco claros, tan poco precisos?”, cuestionó Maldonado.
Para Solís, permitir que una autoridad revise las decisiones de las defensorías también desincentiva la autorregulación de los medios y vacía de contenido una figura creada precisamente para resolver esas controversias sin intervención gubernamental.
VGB
