La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de limitar expresiones que vinculan a partidos políticos con el narcotráfico volvió a abrir el debate sobre los alcances de la libertad de expresión y la calumnia electoral, particularmente ante investigaciones que autoridades de Estados Unidos mantienen contra políticos mexicanos por presuntas relaciones con organizaciones criminales.
En su columna “México censura, Washington lo exhibe”, publicada este 7 de agosto, el periodista Jorge Camargo cuestionó que las autoridades electorales mexicanas restrinjan términos como “narcopartido” mientras en Estados Unidos existen procesos judiciales que señalan directamente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos por supuesta colaboración con organizaciones del narcotráfico.
El INE ha considerado en distintos procedimientos que atribuir sin sustento delitos o vínculos criminales a una persona o partido puede constituir calumnia electoral. En resoluciones anteriores incluso ordenó retirar expresiones que identificaban a Morena como “narco partido”.
La polémica adquirió una dimensión mayor en 2026 debido a las actuaciones de autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril sobre una acusación federal presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados presuntamente colaboraron con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el traslado de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos y respaldo político. Las imputaciones son acusaciones y los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
Las tensiones aumentaron en julio cuando el administrador de la DEA, Terrance Cole, habló públicamente de una supuesta conexión entre integrantes del gobierno mexicano y organizaciones criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones y sostuvo que carecían de pruebas, además de calificarlas como políticamente motivadas.
Para Camargo, esa diferencia de criterios genera una contradicción: mientras autoridades estadounidenses formulan acusaciones judiciales relacionadas con una posible penetración del crimen organizado en estructuras políticas mexicanas, dentro del país algunas expresiones utilizadas para denunciar ese fenómeno son retiradas del debate electoral bajo el argumento de que pueden constituir calumnia.
La discusión cobra relevancia de cara a las elecciones intermedias de 2027, cuando estará en juego nuevamente la composición de la Cámara de Diputados.
La columna advierte que el riesgo no radica únicamente en una expresión particular, sino en que las instituciones terminen estableciendo cuáles palabras pueden utilizarse para cuestionar al poder.
El debate enfrenta dos principios: por una parte, el derecho de partidos y candidatos a no ser acusados sin pruebas de haber cometido delitos; por otra, la libertad de la oposición y de los ciudadanos para cuestionar públicamente posibles relaciones entre autoridades y organizaciones criminales cuando existen investigaciones, acusaciones judiciales o información de interés público.
Mientras esa discusión continúa en México, los procesos estadounidenses siguen su curso. Y esa circunstancia coloca en el centro una pregunta que difícilmente podrá resolverse prohibiendo palabras: ¿hasta dónde termina la protección contra la calumnia y dónde comienza la censura del debate político?
