El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina son un apoyo que “les manda la presidenta”, una afirmación que distorsiona el origen de los recursos públicos y refuerza una narrativa que personaliza un programa financiado con dinero de todos los mexicanos.
Durante un mensaje para anunciar el inicio de los depósitos a estudiantes de primarias públicas, Delgado declaró: “A partir de hoy inicia el depósito de la beca Rita Cetina a casi 10 millones de niños y niñas en escuelas primarias públicas. 2,500 pesos que les manda la presidenta como apoyo para útiles, uniformes o, ¿por qué no?, un buen libro. Checa el calendario en nuestras redes sociales”.
La expresión atribuye directamente el beneficio a la titular del Ejecutivo, cuando el financiamiento no proviene de su patrimonio ni de una decisión personal. Los recursos de la Beca Rita Cetina se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados y financiado con los impuestos que pagan los contribuyentes, los ingresos petroleros y, en una parte importante, con deuda pública contratada por el Estado. Se trata de recursos públicos cuya administración corresponde al gobierno, no de apoyos otorgados por la voluntad personal de la presidenta.
La Constitución mexicana establece límites claros a este tipo de mensajes. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos séptimo y octavo, ordena que los recursos públicos se administren con imparcialidad y prohíbe que la propaganda gubernamental incluya nombres, voces, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El objetivo es evitar que los programas sociales sean utilizados para construir una imagen política de quienes ocupan cargos públicos.
Ese principio también está desarrollado en la Ley General de Comunicación Social, que dispone que la difusión gubernamental debe tener un carácter exclusivamente institucional, informativo o educativo, sin exaltar la figura de funcionarios. A su vez, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé sanciones para los servidores públicos que utilicen programas sociales con elementos de promoción personalizada o coacción del voto, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 7 y 49, obliga a los funcionarios a ejercer los recursos públicos con imparcialidad y sin obtener ventajas políticas o personales.
Aunque el gobierno ha defendido que los programas sociales constituyen un derecho constitucional, expresiones como “la presidenta les manda” trasladan el mérito institucional a una persona y pueden generar la percepción de que el apoyo depende de la voluntad de quien encabeza el Ejecutivo. Esa narrativa ha sido señalada en diversas ocasiones por especialistas y organismos electorales como una forma de confundir el origen de los recursos públicos.
Más allá del discurso oficial, el hecho es que la Beca Rita Cetina no se financia con dinero de Claudia Sheinbaum, sino con recursos públicos aportados por todos los mexicanos. Presentar esos apoyos como si fueran una entrega personal de la presidenta desdibuja el carácter institucional de los programas sociales y alimenta una estrategia de comunicación que, para sus críticos, utiliza políticas públicas para fortalecer la imagen del gobierno en turno.
