Hoy concluye la consulta pública sobre los llamados Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Y, más allá del lenguaje técnico con el que se ha intentado presentar esta discusión, hay una pregunta que debería estar en el centro: ¿realmente queremos que el gobierno tenga un papel cada vez mayor en decidir cómo deben informarnos la radio y la televisión?
Hasta el 20 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones había registrado 8,186 comentarios de 7,868 participantes únicos. En un país de alrededor de 130 millones de habitantes, la participación es mínima. Eso no significa automáticamente que el tema carezca de importancia, pero sí obliga a cuestionar el argumento de que existe una demanda social amplia para que el Estado intervenga con mayor intensidad en la relación entre los medios y sus audiencias.
Por supuesto que las audiencias tienen derechos. Deben saber cuándo están frente a publicidad, contar con mecanismos para presentar inconformidades y tener acceso a defensores que atiendan sus quejas. Nada de eso debería estar en discusión.
El problema aparece cuando, bajo el argumento de “proteger” a las audiencias, se introducen conceptos que pueden convertirse en herramientas de control sobre el contenido periodístico.
Los Lineamientos hablan del derecho a recibir información “veraz y oportuna” y de evitar información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”. A primera vista parece razonable. La dificultad comienza cuando alguien tiene que determinar qué es exactamente “verdadero”, cuánto contexto es suficiente o cuándo una interpretación puede considerarse engañosa.
En el periodismo real esas fronteras rara vez son absolutas.
En un programa en vivo, un conductor puede presentar un dato, interpretarlo, cuestionarlo, confrontarlo con otra versión y expresar una valoración prácticamente en la misma intervención. En una entrevista ocurre lo mismo. En una mesa de análisis, información, contexto y opinión conviven permanentemente.
Pretender separar esas categorías como si fueran compartimentos perfectamente definidos ignora cómo funciona el debate público.
El gobierno ha insistido en que no habrá censura. Claudia Sheinbaum ha asegurado que el Estado no determinará qué medio dice la verdad o qué periodista está mintiendo. También se afirma que no habrá multas por expresar opiniones determinadas.
Entonces surge una contradicción inevitable.
Si ninguna autoridad va a determinar qué información es verdadera, falsa o descontextualizada, ¿quién resolverá una denuncia presentada precisamente bajo esos argumentos? ¿Quién decidirá si un medio proporcionó suficiente contexto? ¿Quién establecerá cuándo una interpretación cruzó una línea?
Porque alguien tendrá que hacerlo.
Y ahí está el verdadero riesgo.
La censura contemporánea no necesariamente aparece como una orden escrita que diga “esto no puede publicarse”. También puede surgir mediante reglas ambiguas, procedimientos administrativos, quejas, revisiones regulatorias y la incertidumbre permanente sobre qué interpretación hará la autoridad.
El resultado puede ser incluso más eficaz que una prohibición directa: la autocensura.
Un conductor comienza a medir sus palabras. Un productor evita determinado tema. Un medio prefiere no publicar una investigación conflictiva. No porque alguien haya prohibido expresamente hacerlo, sino porque el costo regulatorio o administrativo puede convertirse en una amenaza constante.
Además, existe otra diferencia imposible de ignorar. La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía autonomía constitucional. La CRT tiene autonomía técnica, pero opera dentro de una arquitectura institucional mucho más cercana al Poder Ejecutivo.
Por eso importa quién interpreta las reglas.
También resulta difícil justificar que semejante estructura regulatoria se concentre principalmente en radio y televisión mientras una enorme cantidad de desinformación, propaganda, manipulación y contenido engañoso circula todos los días por redes sociales, plataformas digitales, canales de video y podcasts.
Si el objetivo fuera exclusivamente proteger a los ciudadanos de la información falsa, resulta extraño comenzar aumentando controles precisamente sobre los medios tradicionales.
La libertad de expresión siempre resulta incómoda para quien ejerce el poder. Incluye opiniones equivocadas, interpretaciones parciales, críticas exageradas y contenidos con los que muchos pueden estar profundamente en desacuerdo.
Pero la alternativa no puede ser entregar al gobierno una capacidad creciente para establecer los límites del discurso público.
Las audiencias necesitan derechos, mecanismos de defensa y transparencia. Lo que no necesitan es un tutor gubernamental que, bajo la promesa de protegerlas, termine acumulando herramientas capaces de influir sobre lo que pueden escuchar, ver o debatir.
Antes de ampliar las facultades regulatorias sobre los medios, habría que responder una pregunta mucho más sencilla:
¿Quién protege a las audiencias cuando es el propio gobierno quien pretende decidir cómo deben ser protegidas?
