Rubén Rocha Moya volvió a ocupar la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, pese a que enfrenta en Estados Unidos una acusación federal por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.
El caso coloca nuevamente bajo presión política a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum: uno de sus gobernadores regresa al poder mientras permanece acusado por autoridades estadounidenses de presuntamente haber colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.
Rocha Moya niega las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin sustento. Como en cualquier proceso penal, las imputaciones estadounidenses deberán probarse ante un tribunal.
112 días fuera, pero de regreso al poder
El gobernador solicitó licencia el 1 de mayo después de conocerse las acusaciones en Estados Unidos. Durante su separación del cargo aseguró haberse puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y haber renunciado voluntariamente a la protección del fuero.
Ahora sostiene que la FGR no encontró elementos suficientes para atribuirle una conducta penal y, con ese argumento, decidió reincorporarse al gobierno estatal.
Sin embargo, la determinación de las autoridades mexicanas no elimina la acusación presentada en Estados Unidos.
Ese es precisamente el punto que vuelve políticamente incómodo su regreso: Sinaloa vuelve a estar gobernado por un político que continúa señalado formalmente por fiscales estadounidenses en un expediente relacionado con narcotráfico.
Rocha vuelve y reivindica a Morena
Lejos de tomar distancia de su partido, Rocha Moya utilizó su regreso para refrendar su respaldo a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.
El gesto ata todavía más su futuro político al de Morena.
El gobernador no regresa como una figura aislada o distanciada del oficialismo. Regresa reivindicándose como parte del mismo proyecto político que gobierna el país y respaldando públicamente a la presidenta.
Para Morena, el costo político es evidente: tendrá que explicar por qué uno de sus gobernadores puede volver a ejercer plenamente el poder mientras enfrenta una acusación de esta gravedad en Estados Unidos.
Y para Claudia Sheinbaum, el caso representa una prueba especialmente delicada.
Su gobierno ha colocado el combate al crimen organizado y la cooperación con Estados Unidos entre los asuntos centrales de la relación bilateral. Al mismo tiempo, Rocha Moya regresa al gobierno de Sinaloa asegurando su lealtad a la presidenta y a la 4T.
Una pregunta que Morena no puede esquivar
Rocha Moya tiene derecho a defenderse y las acusaciones estadounidenses no equivalen a una condena.
Pero la discusión política es distinta de la responsabilidad penal.
La pregunta no es únicamente si una fiscalía mexicana encontró elementos para procesarlo. También es si Morena considera políticamente aceptable que un gobernador acusado en Estados Unidos de conspirar con una organización criminal continúe gobernando uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico.
Después de 112 días de licencia, Rocha Moya está nuevamente en el Palacio de Gobierno.
Y con su regreso, el expediente deja de ser únicamente un problema personal del gobernador.
También vuelve a convertirse en un problema para Morena, para la Cuarta Transformación y para Claudia Sheinbaum.
