Ocho de cada diez personas que participaron en la consulta sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias se pronunciaron en contra. La mayoría teme que bajo esta figura el gobierno censure y acote la libertad de expresión.
Existe la creencia generalizada de que las consultas populares son el instrumento democrático por excelencia. No siempre es así. En los regímenes que combinan elecciones con rasgos autoritarios, estos ejercicios suelen usarse, sobre todo, para dar una apariencia de legitimidad a decisiones ya tomadas.
Durante su sexenio, López Obrador impulsó seis consultas de distinta naturaleza, unas genuinas y otras claramente simuladas. La del Aeropuerto de Texcoco careció de alcance nacional y solo participó el 1.2% del padrón electoral. Otra, pensada para avalar sus obras y programas insignia, arrojó una aprobación oficial del 90%, aunque también con apenas 1% de participación.
Un tercer ejercicio buscó validar la construcción de una hidroeléctrica en Yecapixtla, Morelos, proyecto que terminó aprobándose en medio de denuncias de fraude. La cuarta consulta se realizó en Mexicali, sobre la instalación de una cervecera: de 36 mil personas que participaron, 76% respaldó la cancelación que el propio gobierno buscaba.
Más adelante llegó la polémica consulta sobre si debía juzgarse a expresidentes y otros actores políticos. Al votar solo el 7.7% del padrón, careció de carácter vinculante. Finalmente, en 2022 se realizó la consulta de revocación de mandato: el gobierno destacó que 97% respaldó la permanencia del presidente, pero omitió que solo acudió el 17.7% del listado nominal.
Ya en la administración de Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial pasó por un parlamento abierto de alcance muy limitado. El ejercicio resultó, en la práctica, intrascendente: la iniciativa se aprobó prácticamente sin cambios, lo que muchos calificaron como pura simulación.
Los lineamientos de audiencias, a consulta
Ahora le tocó el turno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Desde su presentación, la propuesta generó un rechazo amplio entre especialistas, empresarios de radio y televisión, y analistas, al grado de que comenzó a conocérsele como la «ley censura».
Las críticas se concentraron en tres puntos: que el gobierno se atribuye la facultad de calificar qué información es falsa o está descontextualizada; la dificultad de distinguir entre noticia y opinión sin invadir la línea editorial de los medios; y sanciones económicas muy elevadas, determinadas por un órgano que depende del Ejecutivo y frente al cual no hay posibilidad real de defensa.
Frente a las críticas, la presidenta anunció una consulta pública abierta a audiencias, concesionarios, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía en general. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones habilitó un sitio para recibir comentarios y documentos, pero con un diseño que dificultaba conocer el sentido general de las opiniones: sin buscador, sin filtros y sin manera de agregarlos.
Fue la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI la que recopiló y sistematizó los 8,889 comentarios recibidos.
Resultados sin ambigüedad
Los datos son contundentes: 82.2% de los comentarios se manifestó en contra de los lineamientos, mientras que solo 9.7% los respaldó. Un 6.1% adoptó una postura mixta y 2% no se pronunció claramente.
El argumento más repetido, presente en dos de cada tres comentarios (66%), fue que la propuesta constituye una forma de censura, aunque el texto nunca use ese término de manera explícita.
En segundo lugar, con 34.2% de las menciones, aparece el reclamo de autonomía: muchos participantes rechazaron la idea de que el Estado deba «protegerlos», afirmando que son ellos mismos quienes deben decidir qué consumir o creer.
Un tercer bloque de comentarios, con 24.6%, cuestionó de fondo la legitimidad del Estado para determinar qué es verdadero. El 14.8% señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es un órgano autónomo, sino una dependencia del gobierno, lo que la convierte en juez y parte. Y un 11.5% criticó que las obligaciones de veracidad recaigan únicamente sobre los concesionarios y no sobre la comunicación oficial del propio Estado; esta idea, de que el gobierno miente sin consecuencias, se repitió en 1,026 comentarios.
Además de los comentarios individuales, se registraron 271 participaciones con documentos adjuntos, que en conjunto sumaron 2,523 páginas. Entre ellas destacan 48 pronunciamientos firmados por organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, cámaras industriales y medios de comunicación. El más extenso fue presentado conjuntamente por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., avalado por decenas de organizaciones, que incluso propuso redacciones alternativas y mecanismos concretos para despejar dudas sobre las verdaderas intenciones de los lineamientos.
Lo que sigue
Falta ver si el gobierno tomará en cuenta las opiniones de quienes se dieron el tiempo de participar —y hasta de proponer soluciones— con la esperanza de ser escuchados.
De no ser así, quedará una vez más en evidencia que este gobierno, como el anterior, solo dialoga consigo mismo: que su idea de democracia no contempla el intercambio de argumentos, la negociación ni la posibilidad real de corregir el rumbo de una política pública.
