“No somos iguales”, repetían desde el poder. Pero ahora la Fiscalía General de la República pidió a la red social X retirar ocho publicaciones de una usuaria que cuestionó la actuación de servidores públicos del INE.
La FGR argumentó que los mensajes de la abogada Mónica Calles Miramontes derivaron en comentarios denigrantes y discriminatorios de terceros contra una funcionaria electoral. Sin embargo, las publicaciones señaladas surgieron después de que Calles difundiera un video y cuestionara públicamente la actuación de funcionarios durante una diligencia realizada el pasado 20 de agosto.
El punto más delicado del caso no es solo el contenido de los comentarios posteriores, sino que una institución encargada de perseguir delitos haya intervenido para solicitar a una plataforma privada la eliminación de publicaciones críticas hacia servidores públicos.
La controversia abre una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la FGR para combatir expresiones ofensivas sin terminar castigando o inhibiendo el cuestionamiento ciudadano al poder?
Hasta el momento de la publicación original, X no había retirado los ocho mensajes.
La promesa era que “no serían iguales”. Hoy, la discusión ya no gira únicamente en torno a ocho publicaciones, sino sobre algo mucho más importante: los límites del poder frente a la libertad de expresión.
