Denuncian a ministra Lenia  Batres por campaña ilegal

La organización Defensorxs ha señalado a las ministra Lenia Batres por llevar a cabo una precampaña ilegal, solicitando al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga con medidas cautelares para garantizar un proceso limpio y transparente. Esta denuncia pone en evidencia prácticas que no solo son cuestionables, sino que representan un riesgo para la legitimidad del proceso judicial.

La ministra, que tiene pase automático para buscar la reelección en la próxima elección judicial, ha aparecido públicamente en mitines de Morena, promoviendo abiertamente su candidatura y convocando al voto. Estas acciones, realizadas antes del inicio formal de las campañas, parecen violar las normativas electorales y siembran dudas sobre su respeto a los principios éticos que deberían guiar a los miembros del Poder Judicial.

Uso indebido de recursos y promoción personalizada

Según Miguel Alfonso Meza, presidente de «Defensorxs», las declaraciones y acciones de la ministra son extemporáneas y contravienen las reglas establecidas. Más preocupante aún, Meza denunció que se han llevado a cabo entrevistas y reuniones públicas con promoción personalizada, utilizando eslóganes como “ministra del pueblo” y afirmaciones como “la ministra más votada” para alcanzar la Presidencia de la Corte.

Estas prácticas no solo son impropias de quienes ocupan un puesto en la Suprema Corte, sino que también banalizan el ejercicio judicial, convirtiéndolo en una arena de proselitismo político.

Pruebas en redes sociales y posibles sanciones

La denuncia presentada por «Defensorxs» incluye un extenso catálogo de publicaciones en redes sociales de la ministra, que evidencian una campaña en marcha disfrazada de promoción institucional. Si estas conductas se confirman, podrían derivar en multas de hasta 500 mil pesos e incluso la pérdida de su candidatura.

Una reacción tardía del INE

En este contexto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que esta es la primera denuncia de su tipo recibida por el instituto. Sin embargo, delegó la decisión a la Comisión de Quejas, lo que deja en suspenso cualquier acción concreta.

La tibia respuesta del INE y el hecho de que estas acciones sigan ocurriendo sin consecuencias inmediatas ponen en tela de juicio la capacidad de las instituciones para frenar el uso indebido de recursos públicos y evitar que el Poder Judicial se politice aún más.

¿Imparcialidad en riesgo?

El comportamiento de la ministra expone un conflicto ético profundo, ya que la politización de su candidatura compromete la independencia del Poder Judicial. Este escándalo debería ser una llamada de atención tanto para las autoridades como para la sociedad, exigiendo un mayor compromiso con la imparcialidad y el respeto a las normas que sostienen la democracia.

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