El INE enfrenta elecciones judiciales bajo inseguridad y recortes presupuestales: ¿improvisación o negligencia?

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su alerta de inseguridad en el 19% de las secciones electorales del país, equivalentes a más de 14,000 zonas consideradas de alto riesgo. A pesar de la gravedad de esta situación, el organismo ha optado por replicar estrategias empleadas en las pasadas elecciones presidenciales, caracterizadas por una violencia generalizada y múltiples incidentes de seguridad.
Un análisis superficial ante un panorama crítico
El INE aprobó este martes un programa que modifica las rutas para sus trabajadores, quienes deberán recorrer el país del 9 de febrero al 31 de marzo para localizar a los funcionarios de casilla necesarios para los comicios judiciales extraordinarios del 1 de junio. Sin embargo, la falta de tiempo para realizar un nuevo análisis de riesgos ha forzado al instituto a reutilizar un esquema que previamente etiquetó a 14,000 zonas como peligrosas. Este enfoque, más reactivo que preventivo, plantea serias dudas sobre la capacidad del INE para garantizar la seguridad y la transparencia en estos inéditos comicios.
En 2024, se identificaron más de 34,000 secciones con estrategias diferenciadas (SED) debido a problemas relacionados con migración, delincuencia, conflictos sociales, barreras geográficas, tensiones religiosas y apatía ciudadana. De estas, el 19% fueron clasificadas como áreas de alta inseguridad, y estas mismas zonas serán empleadas nuevamente sin actualizaciones significativas ni una evaluación exhaustiva del contexto actual.
Elecciones con recursos mínimos: una tarea titánica
El INE organiza estas elecciones en un entorno de austeridad extrema, con un recorte presupuestal significativo. De los 13,000 millones de pesos que solicitó al Congreso, apenas recibió 6,000 millones, lo que lo obliga a operar con menos de la mitad del presupuesto requerido. Esta reducción ha provocado ajustes drásticos en el proceso electoral:
- Solo se instalarán 73,000 mesas directivas, en lugar de las 172,000 planeadas inicialmente.
- Se ha reducido el número de capacitadores y asistentes electorales de 64,000 a 34,000, lo que limita gravemente el alcance y la efectividad de la logística electoral.
Inseguridad: una amenaza constante
El acuerdo aprobado por el INE mantiene las rutas y zonas de alto riesgo identificadas en 2024, lo que incluye áreas afectadas por la dispersión poblacional y la inseguridad pública. Durante las elecciones presidenciales, el 30% de las rutas de los capacitadores fue modificado por la falta de acceso y el 19% debido a la presencia de grupos armados o violencia. A pesar de ello, las autoridades han dejado la puerta abierta para realizar ajustes sobre la marcha, dependiendo de los reportes que surjan durante el proceso.
¿Precaución o falta de planificación?
Aunque el INE justifica las estrategias diferenciadas como medidas precautorias, este enfoque reactivo pone en entredicho su capacidad para prever y mitigar riesgos. La dependencia de información generada por los Consejos Distritales y los reportes de campo, sin un análisis centralizado ni actualizado, refleja una falta de planificación estructural en un proceso electoral crucial.
Un desafío monumental
Con las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, el INE enfrenta una tarea monumental: organizar un proceso electoral seguro, eficiente y transparente en medio de una crisis de inseguridad y austeridad presupuestaria. La improvisación y las medidas de emergencia no solo amenazan con comprometer la integridad de estos comicios, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y trabajadores involucrados.
El tiempo apremia, y el país observa con escepticismo un proceso que podría definir no solo la impartición de justicia, sino también la confianza en las instituciones democráticas.