El SAT, instrumento de terror y extorsión de la 4T; Raquel Buenrostro, la gran ejecutora
El rencor que el presidente Andrés Manuel siente hacia los “potentados” se convirtió, durante su sexenio, en una política de extorsión, terrorismo y amenazas en contra de los grandes contribuyentes (los “magnates”) los cuales, por otro lado, cierto es que recibieron excesivas prebendas y beneficios fiscales en gobiernos anteriores.
Aunque el rencor hacia los ricos –de los cuales ahora AMLO y sus tres hijos mayores forman parte—no fue el único aliciente para perseguir a empresarios y cobrarles mediante amenazas miles de millones de pesos en impuestos y hasta fabricarles deudas inexistentes. El mayor aliciente es el poder, la necesidad de dominar el país.
El eje primario del control de AMLO sobre la población son los programas sociales. Mediante eso compra voluntades y votos y pretende sentar a su criatura, Claudia Sheinbaum, en la silla presidencial. Pero también adquiere voluntades de actores políticos, paga campañas, soborna jueces, financia obras faraónicas y da manga ancha a sus colaboradores para que roben sin control. El caso de “El Clan”, grupo conformado por amigos de sus hijos, metidos en toda clase de negocios, desde medicinas hasta piedra de construcción, es emblemático.
Mediante la mancuerna conformada por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, más la sombra amenazante de la Fiscalía General de la República, el gobierno de AMLO se ha dedicado a presionar a empresarios y directivos de empresas con adeudos multimillonarios, amenazándolos con procesos judiciales y, muchas veces, exhibiéndolos como corruptos en las mañaneras.
Raquel Buenrostro, cobradora al estilo de la mafia
Raquel Buenrostro ocupó la dirección del Sistema de Administración Tributaria hasta octubre de 2022. Durante su gestión el gobierno se ufanó de haber incrementado la recaudación como nunca. El diario El Economista reportó el 10 de octubre de ese año que gracias a Buenrostro el gobierno había logrado “496 mil 217 millones de pesos en ingresos adicionales con acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza. Lo anterior representó 2.2% del Producto Interno Bruto del 2020”.
“En el 2021, la recaudación tributaria creció 1.1% en comparación anual, al contabilizar 3.5 billones de pesos. Asimismo, el SAT volvió a encaminar el esfuerzo recaudatorio para obtener 524,426 millones de pesos mediante acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza”, agrega en la nota La administración de Raquel Buenrostro en el SAT fue buena: especialistas.
En abundantes ocasiones el presidente se ufanó de que la recaudación se había elevado gracias a que se habían terminado los privilegios y ya no se daban condonaciones fiscales, mismas que se prohibieron legalmente. Lo que el presidente no decía abiertamente era que los cobros venían acompañados de amenazas directas, lanzadas por su escudera Raquel Buenrostro.
Ahora se aplica la ley, se ufanó muchas veces AMLO, pero esto es falso, ya que la aplicación de la ley también implica que los deudores puedan defenderse de la autoridad, pidan revisiones, se amparen y exijan cobros justos. Pero cuando eso pasa, como con Grupo Salinas, el gobierno usa toda la maquinaria de linchamiento en su contra y pasa de las amenazas privadas a las amenazas públicas.
La propia Raquel Buenrostro admitió que esta era la técnica de AMLO para doblegar a los grandes contribuyentes y también dijo que se concentraba en cobrarles a los más ricos, porque con poco esfuerzo se obtenía más dinero.
Las declaraciones que dio al diario El País en octubre de 2020 no tienen desperdicio.Se trata de una entrevista a modo, firmada por Jacobo García. En ella se asienta:
“En lo que va de año 627 empresarios, a un ritmo de casi cuatro diarios, se han puesto al corriente de pago en esta austera oficina decorada con una bandera de México, una foto de López Obrador y un mapa de las aduanas que dependen del servicio de recaudación. Repentinamente, reclamos judiciales con años de duración se paralizaron y Walmart, BBVA, Coca-Cola o América Móvil terminaron pagando”.
Cita las palabras de la funcionaria: “Si no, cómo vamos a pagar todos los planes sociales que están en marcha, responde Buenrostro con el entusiasmo que la Cuarta Transformación exige a sus soldados”.
Más adelante, el texto dice: “Buenrostro reconoce que cuando salen de su despacho muchos directivos le piden, casi como un favor, no ser nombrados por el presidente. La mañanera es la mejor oficina de recaudación, dice abrumada ante un fenómeno que se escapa a su control”.
Las declaraciones son asombrosas. En síntesis, Buenrostro confesó desde 2020 dos cosas:
1.- Que ella citaba a empresarios para amenazarlos y lograr que pagaran.
2.- Que una de las amenazas era exhibirlos en la mañanera.
Raquel Buenrostro no fue la primera administradora del SAT con AMLO. La primera fue Margarita Ríos Farjat que actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Según el columnista Raymundo Riva Palacio el régimen de terror en el SAT comenzó con Buenrostro, no con Ríos Farjat.
Así lo señala este 14 de mayo en El Financiero: “el sistema de terror no operó desde el inicio del gobierno, aunque la determinación de apretar a los contribuyentes morosos y evitar abusos sí empezó de manera inmediata de la mano de la primera administradora del SAT, Margarita Ríos Farjat, que aunque actuó en ocasiones con rtedesplantes y prepotencia, no escaló a lo que vendría más adelante con Raquel Buenrostro, que con el aval presidencial empezó a cobrar impuestos a morosos y cumplidos, con amenazas de iniciarles causas penales si no pagaban lo que les exigía. Hubo un empresario, capitán de una de las principales compañías mexicanas, que prefirió pagar varios miles de millones de pesos por encima de lo que ya había pagado, para no enfrentar acusaciones penales”.
“Línea de captura u orden de captura”
Según reporta el periodista Darío Celis, a Buenrostro le gustaba repetir a los empresarios deudores la frase “Línea de captura o orden de captura”. Esto, en referencia al código numérico que hay que emplear para pagar cualquier contribución, llamada línea de captura.
Si el contribuyente se negaba, la alternativa era la cárcel. Así lo dice en una columna publicada el pasado 6 de mayo en El Heraldo de México.
“Línea de captura u orden de captura, fue la amenaza contra los grandes contribuyentes en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y se extendió al resto, sobre todo a críticos de la 4T (…) A mí me pagas lo que me debes, o no solo me voy contra tu empresa: me voy contra ti en lo personal y contra tu familia y los que te rodean, solía amenazar Raquel Buenrostro. Y lo cumplía”, afirma, a partir de testimonios anónimos de empresarios y altos directivos.
“FEMSA, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal; América Móvil, de Carlos Slim; BBVA, que dirige Eduardo Osuna; Walmart, que preside Guilherme Loureiro; IBM, que conduce Eduardo Gutiérrez, son solo unas de las centenas que se doblaron”, refiere.
El SAT, contra los adversarios
El brazo terrorista del SAT no se ha esgrimido únicamente en contra de los gigantes corporativos, sino contra toda clase de empresas y también de particulares que se ganaron el odio del presidente.
Al respecto, los cuatro ejemplos más claros son Xóchitl Gálvez, Carlos Loret de Mola, María Amparo Casar y Ricardo Salinas Pliego. Contra Gálvez, Loret y Casar el presidente usó información confidencial que le entregó el SAT, violando tanto el secreto bancario como el fiscal. Contra el empresario Salinas, cuya situación es otra, empleó tácticas de terrorismo financiero.
Del periodista Carlos Loret AMLO exhibió datos de sus facturas y de sus ingresos; de Xóchitl Gálvez información sobre sus clientes y empresas y de María Amparo Casar sus ingresos declarados ante la autoridad fiscal. En los tres casos violó la ley, pues de ninguna manera la autoridad hacendaria debe entregar a nadie esos datos personales y de ninguna manera es admisible que el mandatario exhiba dicha información en la mañanera.
Es así como el presidente busca intimidar a sus adversarios. A Loret ha querido hacerlo callar. A Xóchitl Gálvez, desistir de buscar la presidencia y a Amparo Casar, castigarla por su reciente libro “Los puntos sobre las íes”, donde documenta el desastre de este gobierno.
Respecto a Salinas Pliego la intención es que el empresario renuncie a litigar casos muy concretos y simplemente, pague lo que se le dice. También, que deje de azuzar la inconformidad y la desobediencia contra los abusos de los que apoda “gobiernícolas”.
En venganza por su rebeldía, AMLO publicó el expediente completo de su caso en redes sociales y puso en marcha una campaña internacional de desprestigio contra sus empresas y un rumor lesivo para Banco Azteca: que se encontraba a punto de la quiebra.
A quien sí pudo doblegar fue al empresario Carlos Slim, quien sin chistar ha pagado las imposiciones que le han dicho. Y es que sobre Slim AMLO usó una carta poderosa: le ofreció impunidad en el caso del colapso de la Línea 12 del Metro, pues Grupo Carso fue una de las empresas encargadas del tramo siniestrado. A cambio de esa impunidad y de algunas jugosas concesiones, Slim aceptó pagar miles de millones en impuestos y además, arreglar “gratis” el tramo colapsado de la “Línea Dorada”.
Cobros duplicados y deducciones rechazadas
El SAT no solamente usa la amenaza para cobrar impuestos, sino que además, impone cobros indebidos, eleva los supuestos ingresos de las empresas (para que deban más) hace auditorías tramposas y rechaza las deducciones. En pocas palabras: cae en el robo directo en contra del contribuyente.
Señala Riva Palacio: “Lo que hacía el SAT era desconocer deducciones legítimas de impuestos, duplicar ingresos en las auditorías e interpretar las normas de manera discrecional, inventando en ocasiones créditos (adeudos) que podían ser inexistentes. Detrás del SAT, para apoyar la estrategia, estaba la UIF, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría Fiscal. No fueron pocas las ocasiones en las que, además, López Obrador utilizó información que le proporcionaron para darla a conocer de manera ilegal en la mañanera con enfoques sesgados, tergiversando y manipulando los datos, con el objetivo de crear linchamientos públicos de quienes consideraba enemigos o que en ese momento habían caído de su gracia”.
En el mismo sentido se pronuncia Darío Celis: “El SAT con Buenrostro, y ahora con Antonio Martínez Dagnino, pero también con la ex Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López, es implacable. Multiplica ingresos y desconoce deducciones en forma presuntiva, sin tener soporte alguno, para intimidar al contribuyente y orillarlo a “negociar” mediante el pago de una suma determinada abusivamente. Y si no lo hace, que se atenga a las consecuencias: línea de captura, u orden de captura, fue y sigue siendo la consigna”.
De acuerdo con Celis, los empresarios se ven desprotegidos, ya que acudir a un recurso jurídico no les sirve, ya que quien resuelve en el mismo SAT. El camino es impugnar las resoluciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ese camino, el de los tribunales, es el que ha seguido Grupo Salinas, que ha declarado que se niega a admitir cobros indebidos y que se inconformará ante los abusos fiscales de este gobierno sin importar el tiempo que le tome.
Justo por ese motivo es que Ricardo Salinas dejó de ser un “amigo” del presidente para convertirse en uno de los adversarios más odiados y atacados.
Cárcel a deudores
El de AMLO es un régimen que sólo piensa en el dinero. Una muestra palpable de ello es la aprobación de una reforma legal para castigar con prisión preventiva oficiosa a los sospechosos de delitos fiscales. Extorsión en toda la línea.
Durante este sexenio se implementaron las visitas sorpresivas para hacer auditorías, visitas domiciliarias para reseñar los bienes que se pudieran embargar y la presión continua, además de la confabulación de la autoridad hacendaria con jueces y magistrados colocados por el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para dictar resoluciones favorables al gobierno.
Como resultado, muchos empresarios han preferido pagar impuestos excesivos, renunciar a sus deducciones y callar sobre los abusos, pues sabían que con Zaldívar el Poder Judicial no estaba de su lado. Lo mismo ocurre con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que desde abril de 2023 está a cargo de un fiscalista adepto a AMLO, Armando Ocampo Zambrano.
