La autocracia disfrazada de democracia no necesita votos, necesita simulacros. La jornada del domingo, con una participación ciudadana que apenas rozó el 12.5%, fue el retrato de un sistema que ha renunciado al mínimo decoro democrático. No se buscó organizar una elección legítima ni generar confianza ciudadana. La meta era llenar actas, no urnas.
Desde las tómbolas hasta los acordeones, el régimen ha perfeccionado su método: sustituir la voluntad popular con manipulación estructurada. ¿El resultado? Una supuesta «elección del Poder Judicial» plagada de opacidad, donde la participación mínima fue resuelta no con propuestas, sino con acarreos, dádivas, amenazas y clientelismo descarado.
Ni siquiera se disimula el fraude participativo. Las casillas se redujeron de 172,000 a poco más de 84,000 con el pretexto del presupuesto, mientras se imprimieron 600 millones de boletas que nadie entendió, con candidatos que nadie conoce, en un proceso diseñado para excluir a la ciudadanía. Lo importante no era votar, sino aparentar que se votó.
Mientras el gobierno presume que es «el pueblo» quien elige a los nuevos jueces, lo cierto es que nadie sabe por quién votó. Los empleados estatales fueron obligados a acarrear ciudadanos bajo amenaza de perder sus empleos. Les entregaron acordeones con instrucciones precisas de voto. Algunos fueron obligados a llevar no uno, sino hasta quince votantes cada uno. La intimidación fue tan real como el desinterés generalizado.
La participación fue tan baja que debería invalidar cualquier legitimidad del proceso. Pero eso no importa. Lo que importa es que existan actas que digan lo contrario. Al régimen no le preocupa la voluntad del pueblo, le basta con poder decir que el pueblo “ya decidió”.
En el fondo, este proceso no eligió jueces. Enterró la democracia. Con una participación ínfima, manipulada y forzada, se selló el acta de defunción de la separación de poderes. El Poder Judicial ha sido colonizado no por elección popular, sino por la voluntad de un Ejecutivo que desprecia los contrapesos y ridiculiza el orden constitucional.
Mientras tanto, el INE, reducido a una oficina de trámite, sigue instrucciones sin cuestionar. No hubo vigilancia ciudadana en el conteo de votos. No hay manera de verificar resultados. Todo quedó en manos de funcionarios que ajustarán cifras a conveniencia.
Con este simulacro de participación, se inaugura formalmente una etapa más profunda del autoritarismo: una dictadura con boletas impresas pero sin votantes. Y mientras se insiste en que “por primera vez el pueblo elige a sus jueces”, lo único que verdaderamente vimos fue cómo el pueblo fue marginado, coaccionado o, peor aún, simplemente ignorado.
