JENARO VILLAMIL VIOLÓ LA LEY

La cobertura de la marcha a favor de la 4t dejó entrever las enormes limitaciones normativas e institucionales que tiene frente a sí la red de medios de comunicación que viven en cargo al erario, habida cuenta que los criterios periodísticos universales de brindar información imparcial y, por ende, garantizar el derecho a la información cedieron ante intereses ajenos a estos valor.
Primero. Sorprendente fue el entreveramiento entre información, opinión y propaganda dentro de lo que, se supone, era una cobertura informativa de la marcha de la Ciudad de México por los canales 11, 14 y 22, IMER, Radio Educación y Capital 21 en donde, ya en el desvanecimiento del ejercicio periodístico, hasta un reportero se refería a los entrevistados durante el evento como «Compañeros», dejando fuera la mínima distancia entre quien entrevista y el entrevistado, además de los juicios de valor exaltando las proclamas de la 4T y del apoyo al presidente de la República. Y los analistas invitados fueron una sola voz en coro sin ninguna opinión distinta de la narrativa oficial. Ni duda cabe que los reporteros y conductores tienen derecho a tener su propia postura política, pero es inadmisible que bajo ese tamiz lleven a cabo su labor informativa, ya se trate de un medio privado o de naturaleza pública.
En México el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone las obligaciones de los medios concesionados frente a sus audiencias que pasan por el pluralismo.
así también el artículo 8 del Código Europeo de Deontología Periodística establece que : «La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados. Y ese principio se encuentra prácticamente en todas las leyes y códigos de ética del periodismo en las sociedades democráticas.
Y es así porque los medios hacen una labor de poleo de transmisión entre los hechos de interés público y la sociedad que forma opinión y toma decisiones en razón y medida de la información que recibe de ahí la importancia de que la veracidad juegue un papel de importancia capital.

Es por ello que las leyes que dan vida a estos medio imponen medidas para optimizar el derecho a saber. Incluso en México.
Así, por ejemplo, el artículo 7, fracción II de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano establece como uno de sus principio rectores «El compromiso ético con la información objetiva , veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural de país». Formalmente además, ha habido avances en estos años al crearse consejos consultivos, defensorías de la audiencia y códigos de ética en cada uno de esos medios. Estos contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana no han sido, empero, suficientes para generar una razonable identidad entre el deber ser de la ley y el ser de los hechos , como se puso de relieve en la marcha del pasado domingo27 de noviembre. Ni duda cabe que en el pasado de los denominados medio públicos eran difusores de contenidos esencialmente favorables al gobierno en turno, pero no se había visto una narrativa única como la observada en la marcha de referencia.