La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una investigación sobre siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de otros organismos electorales locales. La indagatoria revisa posibles irregularidades en contrataciones, entre ellas simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de facturas presuntamente falsas, de acuerdo con la información publicada por Reforma.
Entre 2023 y 2024, la UIF habría bloqueado más de 400 cuentas vinculadas con 13 personas físicas y siete empresas. La investigación también contempla a compañías mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, algunas de las cuales habrían recibido recursos de firmas de proveeduría electoral bajo revisión.
El reporte señala que una de las líneas de investigación sigue la relación entre empresas proveedoras y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con Corporativo Zeg y Cajas Graf. Según la publicación, varias compañías relacionadas con ese grupo habrían participado en contratos públicos mediante propuestas que aparentaban competir entre sí.
Uno de los casos revisados corresponde a una contratación del Instituto Electoral de Sonora, que entonces era presidido por Guadalupe Taddei. Corporativo Zeg habría obtenido un contrato cercano a los 200 millones de pesos para suministrar urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio de 2024. La investigación analiza si hubo simulación de competencia en ese procedimiento.
El reportaje también menciona a Jesús Octavio García González, quien ocupó cargos administrativos en el INE y posteriormente fue nombrado director de Administración del organismo en septiembre de 2025. De acuerdo con la nota, habría tenido vínculos contractuales con organismos electorales y representado a Corporativo Zeg en gestiones relacionadas con el INE. En enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control por presunto conflicto de interés y abuso de funciones.
La investigación continúa en curso. Hasta lo publicado por Reforma, las autoridades no habían informado sobre sanciones definitivas contra las empresas o personas involucradas ni sobre el destino de las cuentas que permanecen bloqueadas.
