Ministro busca salida a crisis constitucional y propone invalidar la reforma judicial parcialmente

En un proyecto de sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale aspectos clave de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados, y la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

Así lo señala en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad (164/2024), publicado el día de ayer, por el que propone declarar como inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados del país, pero que mantiene la elección de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De esta forma el ministro Alcántara Carrancá, propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte del máximo tribunal del país, busca resolver no sólo las diversas impugnaciones emitidas en contra de la reforma judicial, sino además marcar “el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”.

“(Situación) que nos lleva a autocontener nuestro análisis y a evitar realizar un pronunciamiento respecto de la reforma que se realizó al régimen aplicable a las ministras y ministros que integran esta Suprema Corte, (aunque) existe una sólida línea de precedentes en los que se ha considerado que no procede impedimento alguno para las y los ministros en acciones de inconstitucionalidad debido a que es un medio de control abstracto”, señala el proyecto que será discutido en la sesión del próximo jueves 31 de octubre.

Luz verde a extinción de fideicomisos y creación de Tribunal de Disciplina

En el proyecto de sentencia, el ministro Alcántara Carrancá propone avalar aspectos de la reforma judicial como medidas de austeridad para futuros cargos dentro de la Corte, así como la extinción de diversos fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

Estos aspectos fueron cruciales durante la promoción de la reforma al Poder Judicial, pues en diversas ocasiones el expresidente López Obrador utilizó como argumento a favor de esta reforma el hecho de que las y los ministros de la Corte ganaran más que el presidente o que tuvieran fideicomisos por un total de 15 mil millones de pesos. 

Sin embargo, el documento concluye que ambas medidas tiene como finalidad racionalizar el gasto público y no conllevan, por sí solas, una “merma” a la independencia judicial, ni una violación a la autonomía presupuestaria o la autonomía de gestión del Poder Judicial. 

Por su parte, respecto a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y de un Órgano de Administración, que sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el proyecto propone validar la creación de ambos órganos y la elección por voto popular de los integrantes de estos al concluir que no se acreditó que su existencia genere subordinación de los integrantes del Poder Judicial a un Poder externo.

De esta forma, el proyecto también propone declarar como válido que las personas juzgadoras sean sometidas a una evaluación de desempeño a partir del primer año en el cargo y se reconoce la validez de las funciones del Tribunal relacionadas con la denuncia y las relacionadas con diversos regímenes de responsabilidad de las personas juzgadoras. 

Freno a facultades del Tribunal de Disciplina y recorte salarial de jueces y magistrados

Pese a lo anterior, el proyecto también invalida otorgar diversas “facultades amplias” al Tribunal de Disciplina Judicial o la inatacabilidad de las sentencias de este nuevo órgano del Poder Judicial Federal. 

Por ejemplo, en cuanto a sus funciones disciplinarias, el proyecto señala que se consideran inválidas ciertas disposiciones que otorgan “facultades ambiguas y excesivamente amplias” al considerar que pueden provocar “el sometimiento de las personas juzgadoras”. 

Y en cuanto a los “procedimientos disciplinarios de instancia única” o de “doble” instancia integrada por las mismas personas, el proyecto propone declararlas de igual forma como inválidas por violación al debido proceso de las personas juzgadoras. 

También propone invalidar la facultad que el Poder Legislativo le dio al órgano de administración para ocultar la identidad de las personas juzgadoras que atienden casos relacionados al crimen organizado, figura conocida como los “jueces sin rostro”.

Esto al considerar que la implementación de esta figura viola los derechos humanos de las personas juzgadoras y, en concreto, las garantías del debido proceso.

Finalmente, sobre el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, que va junto con la “remoción masiva” de todas las personas juzgadoras del país, el proyecto de igual forma propone invalidar los artículos en los que se mencionan. 

Esto al considerar que ambas medidas violan las garantías de “inamovilidad” del cargo y la “irreductibilidad” de sus percepciones, con el fin de “salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de poderes”.