Con los votos de Morena y sus partidos aliados, el Senado mexicano aprobó este miércoles retirar la reforma constitucional que proponía ampliar -hasta 2028- la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, realizando tareas de seguridad pública, con el fin de que la minuta regrese a Comisiones y se abra un espacio para el debate y construcción de una nueva propuesta que sí tenga consenso.

Conocedor de que el partido oficial no contaba con los votos para la reforma a un artículo transitorio de la Constitución, el senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso en tribuna que se suspendiera el proceso legislativo, a fin de dar más tiempo para el análisis y convencimiento de todos los integrantes de la Cámara alta.

Esa proposición para cancelar la votación de la iniciativa, que ya había sido aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, se avaló en el Senado en una votación económica.

Con esto, por lo pronto, se mantiene que el Ejército y la Marina deben retirarse a sus cuarteles en marzo de 2024.

Ahora, las Comisiones senatoriales están obligadas a volver a presentar este dictamen, una vez atendidas las causas que motivaron su retiro, en los próximos diez días hábiles, según lo dispone el numeral 4 del artículo 205 del Reglamento del Senado.

A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara baja, donde esta propuesta provino de una legisladora priista, que luego hizo suya Morena, en este caso los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no coincidieron con la posición sostenida por los diputados de su partido.

Los cambios al artículo Quinto transitorio de la reforma a la Constitución con la que se creó la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019, pretendían que la Fuerza Armada permanente, por disposición presidencial, realizara tareas de seguridad pública hasta el año 2028, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Respeto a derechos humanos

La iniciativa retirada también preveía la obligación del Ejército y la Marina para que sus elementos actúen, en el ámbito de su auxilio a la seguridad pública, respetando los derechos humanos, así como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. De igual forma, consideraba la formación de una Comisión bicameral para dar seguimiento a las tareas desarrolladas por las Fuerzas Armadas.

No obstante lo anterior, los senadores de oposición consideraron que estos cambios, primero, no son necesarios ni oportunos. Y, en segundo lugar, enfatizaron sobre los riesgos de aumentar la militarización de la seguridad pública en México.

“Esta reforma no ofrece la paz”, sino que forma parte de una “pésima estrategia de seguridad que no ha funcionado, una estrategia que tiene cuatro años y no ha servido”, dijo en la tribuna la senadora Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN).

De su lado, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, apuntó que la extensión temporal de la participación de la Fuerza Armada permanente, en tareas de seguridad pública, no tiene “ninguna justificación”.

“Resulta abiertamente inconstitucional y violatoria de los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de protección y defensa de los derechos humanos”, enfatizó la priista.

Una opinión similar fue expresada por el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, quien en su voto particular resaltó que nuestro país ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales, que claramente han señalado que la seguridad pública debe “estar reservada a los cuerpos policiales civiles”.

Mancera, también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, agregó que un tema tan importante como la ampliación de las labores de seguridad pública del Ejército y la Marina, “no se puede hacer al vapor, mucho menos cuando el vencimiento del plazo que hoy se tiene es hasta el 2024”.

Movimiento Ciudadano, en voz del senador Juan Zepeda, planteó que la solución a los problemas de seguridad pública que padece el país está en el fortalecimiento de las policías civiles, sobre todo en el ámbito municipal.

Seguridad vs chantaje

Más adelante, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza acusó a Morena y al gobierno federal de llevar a cabo un “proceso de extorsión” política. Dijo que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, se ha dedicado a llamar a los senadores de oposición para ofrecerles diversos beneficios, como candidaturas en Morena, con tal de que esta reforma fuera votada a favor.

“El aparato político y de justicia de este gobierno se está convirtiendo cada vez más en un aparato de extorsión y chantaje”, sentenció Álvarez Icaza, quien también aseguró que, desde la presidencia de la República, “se ha amenazado a gobernadores y presidentes municipales” con el retiro del Ejército de sus territorios, si no se pronunciaban a favor de esta propuesta.

“Hemos denunciado que se está armando un rompecabezas autoritario”, además de que “el modelo de seguridad militarizado es un modelo fracasado, no es cierto que más soldados en la calle genere más seguridad, no es cierto, al contrario, de 2006 al 21 se ha triplicado la presencia de soldados en la calle, y han crecido los homicidios”, sentenció el senador independiente.

De parte de Morena, el senador Ricardo Monreal defendió la minuta -que luego fue retirada- al decir que extender el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en México no es algo extraordinario, pues esas tareas ya las vienen realizando los elementos castrenses desde hace 27 años.

Para Monreal, si en marzo de 2024 se retiran los militares a los cuarteles, “los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quién los contenga”.

En su opinión con esta reforma no se estaba militarizando al país, sino que planteaba solo una transición para fortalecer a la Guardia Nacional. Sin embargo, dado que desde 2018 Morena no tiene la mayoría calificada en el Senado, necesaria para aprobar cualquier cambio a la Constitución, el mismo Monreal admitió que se requería más tiempo, y un mayor esfuerzo para construir los consensos que permitan avalar esta iniciativa.

Por ende, la propuesta volverá a discutirse en las Comisiones del Senado, en un intento por enriquecerla, ahora sí, con la participación de las oposiciones en la Cámara alta, de acuerdo con lo expresado por Ricardo Monreal.