Mientras el gobierno de Clara Brugada prioriza el «espectáculo» y la derrama económica, familias de víctimas denuncian que la infraestructura forense sigue en el papel y las investigaciones en el olvido.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “No jueguen con nuestro dolor”. La consigna no es solo un ruego, es una acusación directa contra un Estado que ha decidido invertir en reflectores lo que se niega a invertir en justicia. En las vísperas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las familias de los desaparecidos en la capital se preparan para romper la burbuja de optimismo oficialista y exhibir la podredumbre de una administración que acelera obras para turistas mientras las carpetas de investigación acumulan polvo.
Prioridades invertidas: Balones vs. Cuerpos
El contraste es obsceno. El gobierno de Clara Brugada se declara listo para las cámaras internacionales, ignorando que, apenas en el primer trimestre de 2026, la Ciudad de México registró 711 reportes de desaparición. La estadística es sangrienta: 8.3 personas desaparecen diariamente bajo la vigilancia de una administración que prefiere hablar de conectividad turística que de crisis humanitaria.
Desde 1952, la CDMX arrastra una deuda de 6,016 personas no localizadas, una cifra que para el gobierno parece ser solo un número, pero que para familias como las de Ana Ameli García Gámez (19 años) y Olin Hernando Vargas Ojeda (24 años), representa una herida abierta por la negligencia criminal de las autoridades.
El Ajusco: De zona de exterminio a vecino del Estadio
Irónicamente, el epicentro de estas tragedias es el Ajusco, una zona controlada por el crimen organizado, talamontes y bandas de secuestro, ubicada a escasos 15 kilómetros del Estadio Banorte (Azteca). Mientras el gobierno federal y local presumen que el recinto será el único en el mundo en recibir tres inauguraciones, a unos minutos de ahí, el Estado ha fallado sistemáticamente en garantizar la vida.
«La respuesta no es inmediata… te das cuenta de toda la deficiencia que existe», denuncia Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli. Su testimonio revela un patrón de omisión institucional: se perdió tiempo vital buscando un «accidente» en lugar de reconocer que la zona es un enclave delictivo que las autoridades no han querido —o no han podido— pacificar.
La simulación como política de Estado
La crítica de las familias apunta al corazón del sistema judicial. Fernando Vargas, padre de Olin, señala directamente al hoy fiscal especial de la FGR, Ulises Lara, por una respuesta burocrática y gélida ante el secuestro de su hijo. La pérdida de evidencia y la falta de protocolos no son errores aislados; son el reflejo de un sistema diseñado para la impunidad, que en México roza el 100% en delitos de desaparición.
La «Estrategia de Búsqueda 2025-2030» presentada por Brugada hace un año ha resultado ser otro ejercicio de retórica. Penny Ramírez, de la Universidad Iberoamericana, es tajante: no hay dinero para el Centro de Identificación Forense ni para el Centro de Resguardo Temporal, pero la inversión millonaria para el Mundial fluye sin obstáculos. El mensaje del gobierno es claro: los muertos pueden esperar; la FIFA, no.
El plan: Arruinar la «fiesta» de la propaganda
Las familias no buscan confrontar a los aficionados, sino forzar al mundo a mirar lo que el gobierno intenta ocultar tras las vallas de seguridad.
- Boicot visual: Miles de fichas de búsqueda y playeras blancas inundarán los accesos al Estadio Banorte.
- Diplomacia de la realidad: Colectivos como Una Luz en el Camino y Hasta Encontrarles ya visitan embajadas para advertir que México no es un país seguro. «Si un ciudadano extranjero desaparece, no lo van a buscar porque aquí no hay recursos para la vida, solo para el negocio», advierten.
La contundencia del reclamo se resume en una comparación dolorosa hecha por Sandra Ojeda, madre de Olin: “Para darle lugar a todos nuestros desaparecidos, el Estadio Azteca es insuficiente; necesitaríamos dos estadios llenos”.
Mientras el silbatazo inicial resuene el 11 de junio, la Ciudad de México estará dividida: adentro, el júbilo financiado con dinero público; afuera, las madres con picos y palas recordando que, bajo el brillo del césped nuevo, yace una crisis que este gobierno ha decidido ignorar para no arruinar la foto.
