La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno en medio de un escenario político complejo: aunque conserva niveles de aprobación superiores al 60%, su administración enfrenta crecientes tensiones con Estados Unidos, investigaciones que han alcanzado a figuras vinculadas con Morena y cuestionamientos sobre la actuación de personajes cercanos al movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador.
Durante su segundo año de gobierno, Sheinbaum ha intentado mantener un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y una cooperación cada vez más estrecha con Washington en materia de seguridad.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se convirtió en uno de los mayores desafíos de su administración. México enfrentó amenazas de nuevos aranceles y reiteradas declaraciones sobre la posibilidad de realizar operaciones estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico dentro del territorio nacional.
Pese a las presiones, el gobierno mexicano logró evitar la aplicación de un incremento generalizado de 25% en los aranceles.
Las tensiones aumentaron posteriormente con la intervención estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, acontecimientos que reavivaron en México el debate sobre la posibilidad de que Washington impulsara acciones semejantes contra organizaciones criminales mexicanas.
Ante las propuestas de Trump para permitir una participación directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, Sheinbaum mantuvo públicamente su rechazo, aunque al mismo tiempo amplió los mecanismos de cooperación bilateral.
Harfuch se convierte en pieza clave de la relación con Estados Unidos
En materia de seguridad, Omar García Harfuch se consolidó como uno de los principales interlocutores del gobierno mexicano con Washington.
Durante este periodo, las autoridades reportaron el desmantelamiento de más de 2,700 laboratorios clandestinos, la captura de 14 objetivos considerados prioritarios y la ejecución de 155 órdenes de aprehensión relacionadas con procesos de extradición.
Uno de los episodios de mayor impacto fue la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar que provocó una oleada de violencia en distintas entidades.
La DEA reconoció públicamente la cooperación de García Harfuch, aunque las autoridades estadounidenses mantuvieron sus advertencias respecto de una posible infiltración del narcotráfico en instituciones mexicanas.
El huachicol fiscal golpea al círculo político de la 4T
Otro de los asuntos que marcaron el periodo fue el denominado huachicol fiscal.
El aseguramiento de un buque que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible presuntamente introducido ilegalmente al país permitió descubrir una red en la que habrían participado empresarios, funcionarios aduanales y elementos vinculados con la Secretaría de Marina.
Entre los señalados como posibles operadores aparecieron Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
El caso generó mayores cuestionamientos debido a que Ojeda habría sido informado desde junio de 2024 sobre posibles irregularidades relacionadas con esta estructura.
La investigación también colocó bajo presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien durante su administración entregó a las Fuerzas Armadas una participación central en el control de las aduanas.
El expediente adquirió mayor gravedad después del asesinato de Fernando Rubén Guerrero, integrante de la Marina que habría solicitado investigar la red.
A estas investigaciones se sumaron diversos trabajos periodísticos que documentaron otros homicidios presuntamente relacionados con el caso.
Durante los primeros dos años de la administración de Sheinbaum, la Fiscalía General de la República también detuvo al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en operaciones relacionadas con combustible ilegal.
Rocha Moya y las acusaciones sobre Sinaloa
Otro frente de desgaste político surgió después de señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, funcionarios estatales y el senador Enrique Inzunza, acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Rocha solicitó licencia y permaneció durante 112 días alejado de la actividad pública.
Cuando posteriormente intentó regresar al cargo, Sheinbaum cuestionó la conveniencia de su decisión y señaló que ningún funcionario debía aferrarse a una posición política.
Horas después, el mandatario volvió a solicitar licencia.
Pese a la magnitud de los señalamientos, hasta ahora no se ha informado de una investigación penal en México contra el gobernador derivada específicamente de esas acusaciones.
Andy López Beltrán, otro foco de controversia
Las polémicas también alcanzaron a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente López Obrador.
La controversia comenzó después de que Estados Unidos le revocara la visa.
López Beltrán sostuvo que la medida tenía motivaciones políticas, mientras Morena y la propia presidenta Sheinbaum denunciaron lo que consideraron una intervención indebida en asuntos internos de México.
La ausencia de información oficial sobre los motivos de la revocación alimentó versiones sobre una posible relación con investigaciones de huachicol fiscal.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República sostuvo que no contaba con elementos suficientes para iniciar una investigación formal en su contra.
En medio de la polémica, López Beltrán mantiene sus aspiraciones políticas rumbo a una posible candidatura a diputado en Tabasco.
Reforma electoral frustrada y acusaciones de censura
En el terreno legislativo, Sheinbaum también enfrentó uno de sus principales tropiezos políticos.
La reforma electoral impulsada por su administración, que buscaba eliminar legisladores plurinominales y reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos, no consiguió los votos necesarios.
La iniciativa encontró resistencia no solo en la oposición, sino también entre aliados de Morena como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
Al mismo tiempo, el gobierno enfrentó acusaciones de intentar ampliar los mecanismos de control sobre medios y contenidos a través de reformas en telecomunicaciones y de nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias.
Después de las críticas provenientes de periodistas, organizaciones civiles y especialistas, algunas de las disposiciones relacionadas con sanciones e intervención sobre contenidos fueron acotadas.
Sheinbaum rechazó que su administración pretendiera establecer mecanismos de censura.
Así, el Segundo Informe de Gobierno llega en un momento de contrastes para la presidenta: conserva una sólida aprobación ciudadana y mantiene como uno de sus principales activos los resultados en seguridad, pero enfrenta un entorno cada vez más complicado debido a la presión de Estados Unidos, los escándalos que rodean a figuras vinculadas con Morena y las dificultades para mantener cohesionada a la coalición gobernante.
