¿Qué ocultan? El gobierno manipula las Afores sin dar explicaciones
El órgano regulador del Sistema de Ahorro para el Retiro SAR, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro CONSAR, hoy encabezada por Julio Cesar Cervantes Parra, adoptó en meses recientes una serie de medidas que han restringido el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores, sin contar con fundamentos legales para ello, y afectando no solo el ahorro laboral, sino el sistema de las AFORES en su conjunto, al impactar negativamente en los rendimientos que estas pueden ofrecer a sus ahorradores en razón de los recursos que puedan administrar.
Una de estas decisiones tomadas, es la que se adoptó en diciembre del año pasado, para restringir el derecho de las y los trabajadores del país, para traspasar sus cuentas de ahorro individual, de una Afore a otra, en la búsqueda de mejores rendimientos y beneficios para su dinero.
Tal decisión se tomó sin consulta o aviso previo informativo de ningún tipo a la sociedad en general, a la representación de los sectores laborales organizados, a las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, a analistas especializados o incluso a las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus comisiones legislativas correspondientes, en ambas cámaras, ya fueran las de Trabajo y Previsión Social o de Hacienda y Crédito Público.
Desde que fue anunciada, esta medida avanzó en el marco de una enorme confusión y el ocultamiento de información.
El 16 de diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, entonces dirigida por Iván Pliego Moreno, tomó la decisión de suspender durante tres meses el derecho legal que posee toda trabajadora y trabajador en nuestro país para traspasar libremente, entre las Afores el manejo de sus ahorros personales depositados en la cuenta individual para su retiro, afectando patrimonialmente a quienes pretendían obtener mayores beneficios ofertados por una administradora diferente a la originalmente contratada.
Si buscamos en los comunicados o campañas informativas en las redes sociales de la CONSAR cuando esta medida inició su vigencia, desde diciembre de 2022 o incluso días antes, no encontraremos un solo mensaje, comunicado, infografía o entrevista con su entonces titular, que explicara mínimamente esta decisión, aclarando la fecha de su inicio y término: no hay uno solo.
No fue sino hasta el 12 de enero siguiente que a través de un comunicado publicado en su página de internet , en medio de un largo texto, y en solo párrafo, la CONSAR informaba que ‘debido a las condiciones adversas del mercado, la CONSAR tomó medidas para suspender los traspasos por un periodo de tres meses con la finalidad de salvaguardar los ahorros de los trabajadores’.
A semejante opacidad se agrega el hecho de que la medida habría sido implementada al inicio del asueto decembrino de fin de año, lo que permite darnos cuenta de los afanes de opacidad y de ocultamiento que han acompañado a esta decisión desde su concepción y su instrumentación, hasta el momento actual.
Se ha hecho público, ya que la CONSAR incluso omitió la información sobre los fundamentos, operación y alcances de esta decisión de política pública en los reportes trimestrales que remitió al Congreso de la Unión correspondientes al último del ejercicio 2022 y el primero del 2023, en los cuales debió ser detallada y explicada, lo cual ratifica no solo el afán de opacidad de dicho órgano regulador sino el espíritu desafiante de buscar eludir la supervisión del Congreso mandatada por Ley, lo cual simple y llanamente no debemos permitir.
La decisión de la CONSAR tuvo dos etapas, ya que el plazo original de tres meses de suspensión concluía el 16 de marzo, pero llegada la fecha, el órgano regulador decidió su ampliación por tres meses más, de la misma forma que al inicio de su implementación: sin información pública de ningún tipo que justificara su actuar.
No es posible ni tolerable que el órgano regulador responsable de asegurar la legalidad y la transparencia en el manejo de los ahorros para el retiro afecte los derechos de las y los trabajadores para manejar libremente sus cuentas, y en consecuencia, afecte también su patrimonio, al incidir negativamente en los posibles rendimientos que podrían haber obtenido derivados de ese manejo.
Tampoco es posible o tolerable desde ningún punto de vista que en el marco de la recuperación de las actividades económicas de la pandemia, durante la cual, los recursos ahorrados por los trabajadores les representaron un alivio mínimo para paliar la caída de sus ingresos, se suspenda el ejercicio de los derechos que les podrían haber ayudado a recuperar gradualmente esos ahorros haciendo uso de las herramientas que la ley les otorga para el manejo de sus cuentas, como por ejemplo, cambiar dicha cuenta a la AFORE que les otorgara más ventajas y beneficios.
La única razón esgrimidas por la CONSAR para justificar tal decisión ha sido la “proteger” a los ahorradores de las minusvalías que se habían presentado durante y posterior a la pandemia.
Sin embargo, el 14 de abril, se difundía información oficial en sentido contrario, las AFORES habrían registrado plusvalías por 138,800 millones de pesos en el primer trimestre del 2023.
Luego de seis meses de mantenerse suspendidos los traspasos de cuentas entre afores, la CONSAR finalmente anunció a inicios de junio que los traspasos se habían reactivado, y anunció que las personas que durante el periodo de pausa solicitaron este trámite deberán, por medio de ¡un mensaje de texto que se les mandará!, decidir si aún quieren proceder con el cambio.
Lo que no aclaró la CONSAR es que quienes no recibieran o no vieran el mensaje, un tipo de notificación que carece de los más elementales formalismos administrativos, ya no podrían concluir su trámite de traspaso y lo tendrían que volver a iniciar.
Esto es reflejo del tipo de afectaciones de esta medida, porque el haber generado plazos distintos para un mismo trámite representa también condiciones diferentes de acceso a los derechos que la ley les otorga a los trabajadores lo que representa un trato desigual para unos y otros, dependiendo de cómo hayan solicitado su traspaso, algo absolutamente irregular y desde luego, ilegal.
Todo lo anterior se informó a través de breves mensajes en redes sociales, manteniendo en la opacidad los motivos o las razones por las que la suspensión ahora dejaba de aplicarse.
Peor aún, por si no fuera poco suspender el derecho de los trabajadores de cambiarse de Afore en el primer semestre del año, ahora la CONSAR toma una medida inédita, decidió reservar durante 5 años la información sobre los traspasos.
Se argumenta que abrir al público datos reservados, generaría un daño económico al SAR, ya que podría generar desconfianza en la toma de decisiones de los inversionistas y en los mercados financieros, así como provocar distorsiones porque los montos que se pretenden conocer a la fecha en que se realizó el análisis no son definitivos.
Tal criterio no solo no sorprende sino que parece justificar una petición como la que se sustenta en el presente Punto de Acuerdo: ¿Por qué una decisión que supuestamente se adoptó para proteger el ahorro de los trabajadores ahora podría generar desconfianza en el manejo financiero del sector?
Desde luego que la pregunta natural que surge ante este escenario es: ¿Qué ocultan?
Todo apunta a que se busca ocultar una decisión errónea, tomada de manera frívola, con descuido y sin el debido soporte técnico financiero y legal que le diera soporte y viabilidad.
Otra respuesta podría ser que lo que se busca ocultar es un beneficio indebido a ciertas AFORES de gran tamaño que durante la pandemia se vieron afectadas por los traspasos de cuentas de las y los trabajadores, que decidieron cambiar sus cuentas a Afores más pequeñas, que les daban mayores ventajas y beneficios para el manejo de sus ahorros.
Ante la opacidad y la desinformación crecen las suspicacias por la decisión errónea de cancelar temporalmente los traspasos como de guardar bajo confidencialidad la información.
Como órgano regulador de un componente esencial de nuestro sistema de derechos laborales y del sistema financiero, la CONSAR debe reconocer que la transparencia es indispensable, más aún en el marco de un desempeño ético y apegado a la legalidad.
No es posible que la instancia responsable del manejo de miles de millones de pesos en que provienen del ahorro de nuestra base trabajadora pueda adoptar semejantes decisiones sin fundamentos financieros y jurídicos claros, afectando en el proceso, el ejercicio de derechos laborales y la estabilidad y seguridad del sistema financiero.
Mientras los altos directivos de la CONSAR no rindan cuentas por sus erráticas y opacas decisiones, los trabajadores seguirán especulando y la misma pregunta rondará en el imaginario colectivo:
¿QUÉ OCULTA EL GOBIERNO?
