Raquel Buenrostro sicaria de AMLO

EL ENOJO DEL Presidente fue tal que ordenó a Raquel Buenrostro hacer trabajo sucio y esta no tuvo empacho en realizarlo pues corrió a mucha gente.

¿La razón ? Porque nadie le renuncia a Andrés Manuel López Obrador: él decide cuándo los corre. El único alto funcionario de esa dependencia que va a sobrevivir al enojo presidencial es el expanista Ricardo Sheffield. Lo ve como la “carta fuerte” de Morena para Guanajuato en 2024.

Hasta hoy suman 56 cesados por Raquel Buenrostro… y contando. Funcionarios de carrera que venían de los equipos de Jaime Serra, Herminio Blanco, Fernando Canales, Luis Ernesto Derbez, Gerardo Ruiz Mateos, Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo.

En corto, Buenrostro no tiene empacho en decir: “A mi me mandaron a controlar la inflación, defender la soberanía energética frente a Estados Unidos y limpiar lo que había hecho Tatiana Clouthier”.

Eso implicaba hacer una depuración de funcionarios de mediano nivel y hasta subsecretarios. Parece “ajusticiamiento político”, de no dejar piedra sobre piedra.

Entre los corridos de la Secretaría de Economía están: Luz María de la Mora, Héctor Guerrero, Alfredo González, Angel Villalobos, Arlaé Díaz Frausto, Marcos Santiago Ávila, Eduardo Montemayor, Lourdes Acuña, Orlando Pérez, Lydia Antonio de la Garza, Alejandro Rosas, César Remis, Cindy Rayo, Máximo Romero, Mónica León, Jorge Luis Silva Meza, Alejandro Rosas, Antonio Letayf, Elodina Guerra, Benjamín Reyes, Ana Mungaray, Marcos Ávalos, Jesús Cantú, Rubisel Velázquez Lugo, Selene Magdaleno, Ismael Ortíz y Efraín Alba, entre otros.

Desde el inicio del gobierno de la 4T la relación entre Clouthier y Buenrostro nunca fue buena, pero ésta se exacerbó cuando la primera, en las pocas veces que tenía audiencia en Palacio Nacional con López Obrador, ponía en la mesa problemas fiscales de grandes empresas internacionales (y mexicanas regias), cuando había sectores industriales y comerciales que estaban impactadas con el terrorismo fiscal del SAT de la segunda.

Y las consecuencias de esta “limpieza de la 4T”, operada por Buenrostro, no va a quedar en la creación de un panel en el capítulo de Energía en el T-MEC, por la discriminación de la inversión de empresas de Norteamérica para favorecer a Pemex y CFE.

Tampoco en la posible suspensión de importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos.

El Congreso estadounidense y la Casa Blanca, particularmente la Oficina de Representación Comercial a cargo de Katherine Tai, y el Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, van a poner en la mesa de negociación con México temas relacionados con la industria farmacéutica, biotecnología, violación de derechos laborales y ambientales, por el incumplimiento del gobierno de López Obrador.

Y ya ni hablemos de indocumentados, derechos humanos y narcotráfico, extremadamente sensibles para el gobierno de Joe Biden y los nuevos senadores y congresistas que están tomando posiciones.

En los hechos, Raquel Buenrostro y su mandato de limpiar todo lo que huela a la hija de Manuel J. Clouthier, no solo viola derechos humanos, laborales y profesionales de funcionarios que llevaban entre 10 y 20 años en un servicio profesional de carrera en el gobierno federal, sino que coloca al gobierno de México en desventaja para negociar con sus contrapartes comerciales.

El enojo presidencial, por encima de todo.

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