Raquel Buenrostro: un retroceso en la transparencia y la protección de datos en México

El anuncio de la creación del organismo «Transparencia para el Pueblo» en sustitución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un retroceso significativo en materia de transparencia y protección de datos en México. Aunque el gobierno federal argumenta que esta medida busca reducir la burocracia y optimizar recursos, la realidad es que la desaparición del INAI y sus homólogos estatales debilita la autonomía y la imparcialidad que son fundamentales para garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales.

En primer lugar, el INAI ha sido un pilar en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en México. Su carácter autónomo le permitía operar sin presiones políticas, lo que era esencial para asegurar que los ciudadanos pudieran acceder a información gubernamental de manera imparcial. Al reemplazarlo por un organismo desconcentrado bajo el control del gobierno, se corre el riesgo de que las decisiones sobre qué información se divulga y cuál se oculta estén sujetas a intereses políticos, lo que socava la esencia misma del derecho a la información.

Además, la afirmación de que esta reforma permitirá cumplir las funciones de transparencia y protección de datos a menor costo es engañosa. Reducir el presupuesto al 35% del que tenía el INAI no garantiza que se mantendrá la misma eficiencia y calidad en los servicios. Por el contrario, es probable que la falta de recursos adecuados resulte en una disminución de la capacidad para procesar solicitudes de información, investigar violaciones a la protección de datos y sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones. Esto no solo afecta a los ciudadanos, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la prioridad que el gobierno otorga a la transparencia y la privacidad.

Otro aspecto preocupante es la desaparición de los 32 organismos locales homólogos al INAI. Estos organismos desempeñaban un papel crucial en la garantía del acceso a la información a nivel estatal, adaptándose a las necesidades y contextos específicos de cada entidad federativa. Su eliminación centraliza aún más el control sobre la información, lo que podría resultar en un sistema menos ágil y menos sensible a las demandas locales.

En cuanto a la protección de datos personales, aunque se afirma que se mantendrá su protección, la creación de 16 autoridades de protección de datos en lugar de un organismo centralizado como el INAI fragmenta la responsabilidad y podría generar inconsistencias en la aplicación de las normas. Esto podría dificultar la coordinación y la eficacia en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde el manejo de datos personales es cada vez más crítico debido al avance de la tecnología y los riesgos asociados.

En resumen, la creación de «Transparencia para el Pueblo» y la desaparición del INAI representan un paso atrás en la lucha por la transparencia y la protección de datos en México. Esta reforma no solo pone en riesgo la autonomía y la imparcialidad necesarias para garantizar estos derechos fundamentales, sino que también podría resultar en un sistema menos eficiente y más susceptible a la influencia política. Es fundamental que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil estén atentos a estos cambios y exijan que se mantengan los estándares más altos en materia de transparencia y protección de datos.

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