México está empezando a enviar una señal peligrosa al mundo: invertir en el país puede convertirse en un riesgo.
Lo que antes se desestimaba como “quejas de grandes empresas” hoy ya escaló a una advertencia formal de corporaciones internacionales. Multinacionales estadounidenses han acusado que el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México no solo es agresivo, sino que está cruzando límites que ponen en duda la seguridad jurídica.
El diagnóstico es contundente. Auditorías intensivas con criterios cambiantes, negación retroactiva de deducciones de IVA e ISR, obstáculos económicos para poder apelar resoluciones y exigencias de información altamente sensible. No es un incidente aislado: es un patrón que, según las empresas, está deteriorando las condiciones para operar.
El problema de fondo no es pagar impuestos. Es no saber bajo qué reglas se va a pagar mañana.
Cuando una autoridad puede reinterpretar el pasado y al mismo tiempo limitar las herramientas de defensa, el mensaje para cualquier inversionista es claro: no hay piso parejo. Y sin piso parejo, el capital se mueve.
El discurso oficial insiste en que se trata de combatir abusos y fortalecer la recaudación. Pero en los hechos, lo que se está construyendo es un entorno donde la fiscalización se percibe como un mecanismo de presión, no como un instrumento de legalidad. Y eso tiene consecuencias inmediatas.
La inversión privada no responde a discursos, responde a certidumbre. Y hoy esa certidumbre está en duda.
Empresas que generan empleo, que sostienen cadenas productivas y que forman parte de la relación económica con Estados Unidos, están advirtiendo que las condiciones en México se están volviendo hostiles. No es una amenaza política: es una lectura de riesgo.
El impacto puede ser profundo. Menos inversión significa menos crecimiento. Menos crecimiento significa menos empleo. Y cuando el costo de operar se vuelve impredecible, las decisiones se toman fuera del país.
Ahí es donde el tema deja de ser fiscal y se convierte en estratégico.
Porque un gobierno que presume cobrar más, pero que al mismo tiempo ahuyenta la inversión, termina debilitando su propia base económica. Y en ese proceso, el daño no lo absorben las grandes corporaciones: lo pagan los trabajadores, los proveedores y todo el ecosistema productivo.
México no solo está cobrando impuestos. Está poniendo en juego su reputación como destino confiable para hacer negocios. Y eso, una vez que se pierde, no se recupera fácilmente.
