Terminó el Mundial y, casi de inmediato, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende abrir una nueva discusión legislativa: la regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales. Morena ya colocó el tema en su agenda y Ricardo Monreal incluso presentó un libro con su propia propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial.
El problema no es discutir la inteligencia artificial. México necesita analizar sus riesgos, oportunidades y efectos sociales. El verdadero problema es quién pretende conducir esa discusión, con qué intereses y en medio de qué contexto político.
El gobierno pide confianza para regular tecnologías que inciden directamente en la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información, mientras impulsa proyectos como el registro nacional de líneas móviles y la CURP biométrica. Medidas distintas, sí, pero unidas por una misma lógica: ampliar la capacidad del Estado para identificar, registrar y vigilar a los ciudadanos.
Por eso resulta ingenuo presentar la regulación de la IA como un asunto exclusivamente técnico. En manos de un gobierno con tendencias centralizadoras, una ley redactada de manera ambigua puede convertirse en una herramienta para censurar contenidos, presionar plataformas, acceder a datos personales o decidir qué información es considerada legítima.
México ni siquiera cuenta con condiciones institucionales suficientes para garantizar que una regulación de esta magnitud sea aplicada con independencia. Los organismos autónomos han sido debilitados o eliminados, las mayorías legislativas responden al oficialismo y el debate público se reduce con frecuencia a la aprobación acelerada de iniciativas diseñadas desde el poder.
Antes de inventar una nueva estructura burocrática, deberían revisarse y aplicarse correctamente las normas que ya existen en materia de protección de datos, telecomunicaciones, derechos de autor, competencia económica, protección al consumidor, responsabilidad civil y ciberseguridad. El país no parte de cero; lo que falta no siempre son leyes, sino instituciones capaces de hacerlas cumplir sin sesgos políticos.
También existe un obstáculo constitucional. Para expedir una Ley General de Inteligencia Artificial sería necesario reformar el artículo 73 y otorgar facultades expresas al Congreso. Sin esa modificación, México podría terminar con 32 regulaciones diferentes, contradicciones entre entidades y una enorme incertidumbre jurídica.
Otro error es mezclar la inteligencia artificial con la regulación de plataformas digitales, como si fueran un mismo fenómeno. No lo son. La IA plantea desafíos relacionados con automatización, discriminación algorítmica, propiedad intelectual, responsabilidad y uso de datos. Las plataformas digitales involucran moderación de contenidos, competencia, publicidad, libertad de expresión y responsabilidades de intermediarios. Meter ambos asuntos en una sola legislación facilitaría la aprobación de controles excesivos bajo conceptos poco claros.
Tampoco puede ignorarse el riesgo económico. La discusión ocurre durante la revisión del T-MEC, donde el comercio digital y el flujo internacional de datos son temas centrales. Una regulación improvisada, proteccionista o diseñada para someter a las empresas tecnológicas podría generar conflictos comerciales, reducir inversiones e imponer costos adicionales a usuarios y compañías mexicanas.
La experiencia europea ofrece lecciones, pero copiar sus normas sin considerar las diferencias económicas sería irresponsable. La Unión Europea representa un mercado de enorme tamaño y tiene capacidad para imponer condiciones a las grandes tecnológicas. México no posee por sí solo ese poder de negociación. Pretender aplicar un modelo similar sin coordinación regional podría terminar castigando a empresas nacionales, mientras las compañías internacionales simplemente trasladan los costos al consumidor.
Además, el debate corre el riesgo de convertirse en otra disputa de protagonismos dentro de Morena. El libro de Ricardo Monreal puede ser una aportación más, pero no debería transformarse en la hoja de ruta legislativa ni en una iniciativa diseñada alrededor de un personaje. Una regulación tan delicada no puede depender de egos, ocurrencias políticas o negociaciones internas.
La inteligencia artificial debe discutirse, pero no mediante un proceso apresurado, opaco y controlado por una sola fuerza política. México necesita una política de Estado construida con especialistas, universidades, empresas, organizaciones civiles, defensores de derechos digitales y ciudadanos.
De lo contrario, la llamada regulación de la inteligencia artificial podría terminar siendo algo muy distinto: una nueva arquitectura legal para vigilar, censurar y controlar el debate público bajo el discurso de proteger a la sociedad de la tecnología.
