Como parte de una investigación un equipo de Azteca Noticias viajó a Lugano, Suiza, para buscar a Jorge Amílcar Olán Aparicio. La investigación, presentada por Irving Pineda, coloca de nuevo bajo escrutinio al empresario cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán. Es periodismo que sigue una pista hasta otro país y pone el caso frente al público; ahora corresponde a las autoridades explicar qué han investigado y con qué resultados.
La pregunta es inevitable: si la fiscal general Ernestina Godoy dijo que no había órdenes de detención contra Olán ni contra Andy López Beltrán, ¿por qué Olán está en Suiza? Su presencia allí no demuestra que haya huido ni que haya cometido un delito. Pero tampoco borra los señalamientos acumulados sobre sus negocios con el gobierno ni sustituye las explicaciones que la Fiscalía debe dar. Además, el “no hay nada” expresado por Godoy contrasta con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho el 2 de septiembre: que los señalamientos sobre Olán se investigaban tanto administrativa como penalmente. La diferencia entre no tener una orden de captura y no tener una investigación exige una aclaración precisa. elpais.com
El nombre de Olán no surgió de un rumor aislado. Latinus publicó grabaciones en las que el empresario habla de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, del Tren Maya y del negocio del balasto. El entonces presidente López Obrador reconoció que las conversaciones difundidas eran de un amigo de sus hijos, aunque rechazó que probaran actos ilícitos. Esas grabaciones y las contrataciones señaladas merecen una revisión documental y una respuesta institucional, no una descalificación automática por provenir de periodistas críticos. LatinUS
La red de preguntas se extiende más allá del tren. Investigaciones periodísticas han vinculado a Olán con negocios de medicamentos, proyectos públicos y, más recientemente, un desarrollo inmobiliario de lujo en Polanco. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que es copropietario de un predio donde se construyó un quinto nivel sin autorización, motivo por el que la obra fue clausurada. Cada episodio requiere pruebas y responsabilidades propias; juntos muestran por qué el patrimonio, las sociedades y los contratos del empresario son asuntos de interés público. LatinUS
También debe aclararse el papel de Andy. Su amistad con Olán no prueba que haya intervenido en adjudicaciones o recibido dinero. Precisamente por eso hace falta establecer quién autorizó cada contrato cuestionado, quién fue su beneficiario final, qué funcionarios participaron y si alguna relación personal influyó en decisiones pagadas con recursos públicos. Defender a un dirigente de Morena sin publicar esas respuestas deja intacta la sospecha; acusarlo sin pruebas concluyentes tampoco resuelve el caso.
Durante años, la 4T prometió combatir la corrupción sin importar apellidos ni cercanías. Este expediente pone esa promesa a prueba. Godoy debe precisar qué significa su declaración sobre Olán y Andy; la Fiscalía y las autoridades anticorrupción deben informar, dentro de los límites legales, qué revisiones existen y cuáles son sus resultados. Y Olán tiene derecho a responder públicamente a los hallazgos periodísticos.
¿Por qué está en Suiza? ¿Cuándo salió de México? ¿Qué pasó con las investigaciones anunciadas por la presidenta? Ninguna de esas preguntas se contesta llamando “ataque” a una investigación. Se contesta con documentos, fechas y resultados.
