EL “MEGADECOMISO” DE HUACHICOL DE ERNESTINA GODOY TERMINÓ EN MEGAFRACASO

EL “MEGADECOMISO” DE HUACHICOL DE ERNESTINA GODOY TERMINÓ EN MEGAFRACASO

El operativo fue anunciado como uno de los mayores golpes contra el huachicol del sexenio: 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato por la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la narrativa de un gran avance contra el mercado ilegal de hidrocarburos.

Sin embargo, el caso comenzó a complicarse después de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad del combustible asegurado, la empresa intervenida y la ejecución del operativo.

Reportes periodísticos señalaron que fuentes dentro de la propia Fiscalía indicaron que el combustible podría ser legal y que la investigación continúa para determinar si existió alguna irregularidad.

Grupo SIMSA, propietario de las instalaciones donde fue localizado el combustible, aseguró que contaba con permisos vigentes y que entregó documentación para acreditar el origen del producto.

Pero uno de los puntos más polémicos del caso es la diferencia entre la empresa señalada en la orden de cateo y la empresa donde finalmente se realizó el operativo. La diligencia habría sido dirigida contra Gas del Noreste, mientras que la intervención ocurrió en instalaciones de Gas Natural del Noroeste.

El operativo, que inicialmente fue presentado como un golpe contundente contra el huachicol, ahora enfrenta cuestionamientos sobre la precisión de la investigación y la actuación de las autoridades encargadas de ejecutarlo.

Tras el despliegue, también llamó la atención la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en Guanajuato, un movimiento que generó dudas sobre las consecuencias internas del procedimiento.

El caso pone bajo presión a la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, que deberá aclarar cómo se construyó la investigación, por qué se intervino a una empresa distinta a la señalada en la orden y cuál será el destino del combustible asegurado.

Lo que fue presentado como un “megagolpe” contra el huachicol ahora enfrenta una revisión para determinar si se trató de una operación sólida o de un procedimiento marcado por errores que podrían tener consecuencias legales y administrativas.

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