Jorge Amílcar Olán Aparicio cobró 650 mil pesos mensuales por un edificio en Villahermosa, Tabasco, que alberga tribunales federales. Investigaciones periodísticas lo señalan como operador central de «El Clan», red de corrupción vinculada a Andy y Gonzalo López Beltrán.
Ciudad de México, 5 de junio de 2026. Una nueva revelación sacude al entorno político del expresidente Andrés Manuel López Obrador: Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, le renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación. El primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, establece una renta mensual de más de 650 mil pesos durante 57 meses, lo que equivale a más de 40 millones de pesos por la vigencia del acuerdo inicial.
El inmueble se encuentra ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco, donde se instalaron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo se llevó a cabo a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal, según registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. El contrato fue firmado el 1 de mayo de 2018 e incluyó un inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento, por un monto de 650 mil pesos mensuales más 52 mil 570 pesos por cuota de conservación y mantenimiento, dando un total de 702 mil 570 pesos al mes.
Olán Aparicio no es un nombre nuevo en los escándalos de la llamada «Cuarta Transformación». El portal Latinus ha reportado que es prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán. En julio de 2025, ese medio reveló que Olán se introdujo al negocio del desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios a través de su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto «Cabo Paraíso», una propuesta para la construcción de un exclusivo fraccionamiento de 23 hectáreas con 404 casas residenciales, 70 departamentos y cuatro superficies comerciales, a dos kilómetros de la Refinería de Dos Bocas. Además, ese mismo portal lo señala como operador central de «El Clan», una red de corrupción y de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán, la cual ganó dinero a través del Tren Maya, PEMEX, Sedena y con la venta de medicinas a gobiernos morenistas.
Las investigaciones sobre «El Clan» documentan una red de alcances considerables. En audios obtenidos por Latinus, se establece que el operador central es Amílcar Olán, quien se habría reunido con secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel, incluyendo a Raquel Buenrostro, Alejandro Calderón Alipi y el general Gustavo Vallejo, encargado de la construcción de dos aeropuertos y de una parte del Tren Maya. Audios de Amílcar Olán revelan además que los hermanos Osterlen y Pedro Salazar Beltrán, primos de Andy y Gonzalo López Beltrán, recibían instrucciones directas de sus primos y eran clave en la ejecución de contratos millonarios en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el IMSS, Pemex y en gobiernos estatales de Morena.
Uno de los episodios más graves vinculados a esta red tiene que ver con la seguridad de los pasajeros del Tren Maya. Conversaciones entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán revelan cómo y cuánto dinero entregaron para que el balasto —la piedra triturada que se coloca bajo las vías del tren— no fuera sometido a pruebas físicas y químicas. En uno de los audios, el propio Pedro Salazar se burló del entramado de corrupción diciendo: «Ya cuando se descarrile el tren (Maya), ya va a ser otro pedo.»
En Tabasco, Olán Aparicio es conocido como uno de los nuevos ricos del estado, y su prosperidad es señalada por haberse construido de la mano del Poder Ejecutivo Federal, entre contratos que no cumplirían con las normas de transparencia. Comparte representante legal con Andrés Manuel López Beltrán en la empresa TBS (Triturados Basálticos del Sur), así como domicilio para recibir notificaciones y oficinas de contacto. En los corrillos de Tabasco también se le vincula con el uso de la Fiscalía del estado para intimidar y extorsionar a empresarios.
A pesar del volumen de acusaciones, la Fiscalía General de la República ha negado tener investigaciones abiertas en contra de Amílcar Olán, al menos en el caso que involucra las supuestas contrataciones irregulares con gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones de pesos. El caso de los 40 millones de pesos en rentas al Poder Judicial suma un nuevo capítulo a una historia que, desde múltiples frentes periodísticos, apunta a la existencia de una red de intereses construida durante el sexenio de la llamada «Cuarta Transformación». La pregunta que queda en el aire es si la justicia mexicana, ahora en un nuevo ciclo político, actuará sobre las evidencias acumuladas.
