A cuatro años de gobierno del presi­ dente Andrés Manuel López Obrador existe una gran contradicción en materia laboral: por un lado promueve reformas y ratifica con­venios   internacionales,  como el

87, 98 y 190, pero desde hace más de mil días los viola por completo en la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Noti­mex (Sutnotimex), de acuerdo con su secre­taria general, Adriana Urrea Torres.

En entrevista con  Proceso,  la lidere­sa sindical asegura que la falta de solución en el conflicto los obligó a ratificar la queja ante la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), interpuesta  en 2019

antes de estallar la huelga; además dice que recientemente solicitaron a la jefatu­ra de la oficina en México del organismo internacional que sea facilitador del diá­ logo con el gobierno federal, debido a la falta de «voluntad política» para resolver sus demandas.

Además, con este movimiento  de huel­

ga, que se inició el 21de febrero de 2020 por las múltiples inconformidades que generó la dirección de Sanjuana Martínez Monte­ mayor, la administración obradorista ya tie­ne el récord del conflicto laboral más largo de su gobierno y el más extenso en un orga­nismo público en la historia del país, ya que se trata de la agencia de noticias del Esta­ do mexicano.

Por si fuera poco, dos de los aspirantes presidenciales, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son integrantes del órgano de gobierno de Notimex y, aun­ que podrían coadyuvar en la solución, nada han hecho.

Otro dato a destacar es que en medio de la llamada «austeridad republicana» del gobierno lopezobradorista, y pese a estar en huelga, la agencia de noticias recibe mayor presupuesto  cada año. «Oficialmente no genera información mediante los canales oficiales, pero hemos visto que, como parte de esa actuación ile gal, lo que hacen las personas que operan de forma ilegal es que, si pones en internet ‘conferencia mañanera’, va a aparecer que hay cinco o siete personas que son trabaja­ doras de la agencia (Notimex) y todos ha­cen un tuit referente a la información de la mañanera y en todos arroban a Notimex y a NOTIMEX TV

«Hacen como campañas vía redes socia­les. Y cuando hay un tema que a la directora le interesa difundir, esas mismas personas replican esa información en redes», explica Urrea Torres.

Dos realidades

El 1de mayo de 2019 el gobierno de López Obrador publicó el decreto de creación del «Nuevo Modelo Laboral», basado en justicia, libertad y democracia laboral en México. Para el 7 de noviembre de ese mismo año publicó el Decreto Promulgatorio del Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplica­ ción de los derechos de sindicación y de negociación colectiva.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con más de mil días en huelga, tiene el mayor conflicto de ese tipo en el contexto de la 4T, y no se percibe una pronta salida, advierte en entrevista la lideresa del sindicato de Notimex, Adriana Urrea. Si bien a escala internacional México ha impulsado convenios en material laboral y sindical, en el caso de Notimex lo que ha imperado es la violación a esos derechos; en suma, se trata de un problema en el cual ninguna autoridad ha tenido la» voluntad política» para resolver, y en el cual están en juego millones de pesos de presupuesto que se ejercen pese a que la agencia está parada.

El 15 de marzo de 2022 el Senado aprobó sumar a México a la ratificación del Convenio 190 del mismo organismo, con el cual se comprometió a erradicar la violencia y el acoso laboral. Sin embargo, aun cuando esas iniciativas pusieron a México como ejemplo en la escena mundial, Adriana Urrea, secretaria general del Sutnotimex, asegura:

«Tenemos un gobierno que está firmando convenios y ratificando acuerdos de respeto a la libertad sindical y de asociación y contra el acoso laboral, pero tenemos en la agencia de noticias del Estado la violación     absoluta de esos convenios y una dirección que va en contrasentido completamente de lo que el gobierno federal ha planteado  a partir de la reforma laboral de 2019.»

Advierte  que la negativa  de la directora «y todas las acusaciones que ha venido haciendo contra el propio movimiento de huelga no sólo van contra los trabajadores  y el sindicato, van contra el propio gobierno que ha promovido  esas reformas y esos cambios  en  diversos  aspectos  en  materia 12 laboral y que, por la actuación de la directora, se echan para abajo».

En un breve recuento de los hechos destacados en esos mil 10 días de huelga, Urrea asegura  que el gobierno y la dirigencia de Notimex han atentado contra su representación sindical y le han propuesto eliminar su contrato colectivo de trabajo y su renuncia como condiciones para resolver la huelga, además de que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos por su actividad sindical y también han sufrido aco­ so laboral e intromisión en la vida sindical.

Por ejemplo, dice, a ella le abrieron tres carpetas de investigación: dos administra­ tivas y una penal. Luego de pasar por au­ diencias y demás partes del proceso, las autoridades correspondientes resolvieron que no es culpable en dos de las acusacio­ nes. En la tercera, que le imputa un supues­ to desvío de 2 mil 400 pesos, se amparó y está en espera de la resolución. «Más allá de pagar esa cantidad, que podría ser baja, yo no cometí el delito», asegura.

Largas de la autoridad

Urrea Torres recuerda que en mayo de 2021, tras una manifestación en Palacio Nacional, López Obrador pidió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que interviniera para resolver el conflicto en Notimex con la ayuda de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

Se hicieron mesas «de alto nivel» en las cuales hubo  acuerdos importantes  sobre sus peticiones: reconocimiento de bilateralidad, reconocimiento de la representación sindical, respeto al incremento salarial de los años que lleva la huelga, el pago de salarios caídos y el reconocimiento de los

trabajadores activos en  huelga,  así como la reinstalación de todos los despedidos injustificadamente.

«El punto que nos detuvo fue el de las reinstalaciones, porque la dirección (de la agencia de noticias) se opuso con el argu­mento de que estaba combatiendo la co­rrupción y que había denuncias en mi contra», afirma.

Sánchez Cordero propuso convocar a la Junta de Gobierno para que, como órgano máximo de la agencia, tomara una decisión y se resolviera la huelga. Se hizo la convocatoria, pero nunca se concretó la reunión, con el argumento de que se había termina­ do el periodo de la presidencia a cargo de la SRE, o sea, de Marcelo Ebrard.

Hasta ahí llegó ese intento de solución, pese a que el Sutnotimex ya había ganado 42 demandas de reinstalación y a que en 90% de las demandas había un acuerdo.

En agosto de 2022, al cumplirse 900 días de huelga, el sindicato hizo otra manifestación y López Obrador ordenó que el nuevo titular de Segob, Adán Augusto López, reto­ mara el asunto. «Me reuní con él, le comenté

todo y le dije que una manera de resolver el conflicto es retomando los acuerdos que están en las actas de la secretaría con las me­ sas de alto nivel», recuerda la sindicalista.

También le dijo que para entonces ya se habían detectado irregularidades de la agencia con el Instituto Mexicano del Se­ guro Social, el Instituto del Fondo Nacio­nal de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, «donde ha habido movimiento de traba­jadores activos o contrataciones de manera irregular o ilegal durante la huelga, y ha habido requerimientos por incumpli­ miento de pagos.

«Le dije: ‘Esto va más allá de un tema laboral porque estas cuestiones de irregularidades administrativas podrían signi­ ficar un daño mayor al Estado’. Me dijo: ‘Bueno, sí, lo vemos’. Y nunca más me ha querido recibir.»

Con la secretaria del Trabajo y Previ­sión Social, Luisa María Alcalde, fiel pro­ motora del nuevo modelo de justicia laboral, «tenemos pendiente que nos den fecha para reunirnos», añade. Peor aún, detalla que han ido a más de 20 reuniones promovidas por esa dependencia, desde antes de estallar la huelga, «pero la gran ausente siempre ha sido la directora» (Sanjuana Martínez), y aunque manda re­ presentantes, éstos declaran al presentar­ se que no tienen poder de decisión.

El 16 de noviembre último, al cumplir­ se los mil días de huelga, el Sutnotimex acudió de nuevo a Palacio Nacional y pro­ puso juntar a los titulares de la Segob y de la STPS con el vocero presidencial para re­ tomar los acuerdos. «La nueva directora de Atención Ciudadana asumió el compro­ miso de planteárselo al presidente para ver de qué manera se procedía, pero hasta el día de hoy (martes 22) no he tenido co­municación», lamenta.

Con estos antecedentes, Adriana Urrea explica que el órgano de gobierno de Notimex está formado por ocho integrantes, entre ellos, los titulares de Segob y SRE. Y lanza: «Si lo vemos en términos políticos, hoy tendríamos a dos de los can­didatos expuestos, como parte de la cabeza en Notimex , que no quieren resolver el conflicto laboral más grande que ha teni­do esta administración y el más largo en la historia de nuestro país en términos de un organismo público». Peor aún, añade, si se revisa el capítulo 23 del T-MEC, ratificado por Ebrard Casaubón, «todo lo que establece ese capítulo está completamente violado con la actuación de la dirección de Notimex, que se refleja en las demandas que son motivo de huelga».

Presupuesto sin producción

En los cuatro años del sexenio de López Obrador la agencia Notimex ha trabajado de manera «normal» apenas 1.2 años, pues con el estallido de la huelga su producción noticiosa prácticamente se paró. Sin em­bargo, el organismo dirigido por Martí­nez no ha dejado de recibir presupuesto y, por el contrario, éste ha ido en aumen­to, ignorando el discurso de la «austeridad republicana».

De acuerdo con el Presupuesto de Egre­sos de la Federación, para 2019 el Congre­ so de la Unión le asignó 209.1 millones de pesos, en 2020 fueron 220.5, en 2021 -bajo el contexto de la pandemia por covid-19- tuvo 218.5 millones de pesos y en 2022 as­cendió a 228.1millones de pesos.

Para 2023, año de elecciones en el Es­tado de México y Coahuila, los diputados federales le asignaron 237.6 millones de pesos, es decir, 9.5 millones más, lo que representa la cantidad más alta en lo que va del sexenio para ese organismo, pese a que lleva  casi tres años en huelga.

En ese presupuesto se encuentra el sa­lario de Martínez, que asciende a 130 mil 922 pesos brutos mensuales (90 mil 990 netos), de acuerdo con el portal de inter­ net Nómina Transparente de la Adminis­ tración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Adriana Urrea, periodista especializa­ da en temas financieros y empresariales, destaca que en el Informe de Austeridad Republicana de 2021, entregado por la di­ rección de Notimex, «dice que se destinó

el gasto para una corresponsalía en Mon­terrey. La directora vive en Monterrey. ¿Por qué tendríamos que tener una correspon­salía en Monterrey cuando ni siquiera hay operaciones?

«Además, cuando ella llegó a la direc­ción, se cerraron todas las corresponsalías del país y ahora la única que reportan es una en Monterrey, casualmente.»

Asegura que durante la huelga la agencia, pese a estar cerrada, ha seguido con la contratación de sistemas informa­tivos anuales y considera que con éstos «se contratan bots o personal para hacer campañas en redes sociales… Lo que te­nemos como prueba es que se paga ese servicio informativo, que no tendría que hacerse, y eso está reportado en el Infor­me de Austeridad Republicana «.

Pero hay algo más: «En el desglose del presupuesto de 2022 se dice que 40 millo­nes de pesos deben ser autogenerados, es decir, por la venta de servicio…En 2023 ya no le ponen los 40 millones de autogene­ ración, es decir, le están dando mayor di­nero directo a Notimex».

Urrea advierte que «si ya se hizo un uso ilegal de los presupuestos de 2020, 2021y 2022, y este conflicto no se ha resuelto, muy probablemente con esta asignación habrá un uso indebido de los recursos en el próximo año».

La lideresa sindical explica que la di­ rección de Notimex no tendría que gastar ese dinero. «El presupuesto de todos estos años tendría que estar ahí, sin gastarlo, para que justo en el momento en que se resuelva el conflicto, entonces ya se ten­gan los recursos necesarios para la ope­ración. El asunto es que la dirección está diciendo que sí se gastó el dinero y noso­tros cuestionamos: ¿por qué gastas el di­nero que no debes gastar?» (:)