El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) presentó un informe preliminar en el que denuncia graves debilidades estructurales y falta de transparencia en el proceso de selección de las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya votación está programada para este 22 de abril de 2026 en la Cámara de Diputados.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Arturo Chávez López, Blanca Cruz García y Frida Gómez Puga como nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral, señalados por tener afinidad a la autollamada cuarta transformación.
Arturo Chávez es director de Talleres Gráficos de México; Blanca Cruz, presidenta del Instituto Electoral de Puebla y Frida Gómez Puga, titular del OIC del Instituto Electoral de Chiapas.
El informe de OPINE destaca que el proceso, destinado a sustituir a Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, ha estado marcado por una «irregularidad de origen».
Según el observatorio, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados impuso criterios de valoración que debieron ser exclusivos del ámbito técnico, comprometiendo la independencia del Comité Técnico de Evaluación (CTE).
Entre las preocupaciones centrales se encuentran:
- Dudas sobre el examen de conocimientos: Se reportaron calificaciones casi perfectas (99/100) en aspirantes sin trayectoria electoral, lo que generó sospechas de una eventual filtración del instrumento de evaluación.
- Discrecionalidad en la evaluación: En la Fase 3, se excluyeron perfiles con amplia experiencia probada mientras avanzaron otros con trayectorias menores, sin que existieran metodologías públicas para justificar dichas decisiones.
- Independencia cuestionada: OPINE señala que varios integrantes del CTE tienen vínculos identificados con el gobierno federal, el partido mayoritario o la actual presidencia del INE, lo que erosiona la percepción de imparcialidad.
- Entrevistas: «Lugares comunes» y baja profundidad. Tras analizar las 100 entrevistas realizadas, el observatorio concluyó que estas tuvieron una nula capacidad diferenciadora. Con una duración promedio de apenas 12 minutos, el 78% de las preguntas permitieron respuestas retóricas y abstractas sobre conceptos como «democracia» y «ciudadanía», sin exigir pruebas de capacidad técnica o manejo de casos concretos.
Riesgo de politización en el Consejo General
De la lista definitiva de 50 finalistas, el 80% no cuenta con antecedentes en procesos de selección anteriores, y se ha identificado un número significativo de perfiles con vínculos directos o indirectos con la administración federal.
OPINE advierte que, si las personas designadas son percibidas como afines a un interés político, se perderá la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
«El costo democrático de ese escenario es incalculable», sentencia el informe, haciendo un llamado a los legisladores a elegir perfiles basados en la independencia, el rigor técnico y la integridad antes de la votación final.
AJA
