Raquel Buenrostro paga casi 100 mdp por asesoría legal en controversias comerciales
En 2022, la Secretaría de Economía (SE) destinó alrededor de 96.7 millones de pesos para la contratación de asesores externos en controversias internacionales, de acuerdo con información publicada en Compranet.
El portal de compras del gobierno da cuenta de que en total se contrataron 14 servicios de este tipo, para los cuales solamente en una ocasión se realizó una licitación pública. El resto de los contratos se adjudicaron de manera directa.
A detalle, la SE contrató expertos en materia de juegos y sorteos, abogados especializados en materia ambiental y laboral, al igual que expertos en estado de derecho y derecho constitucional.
Algunas de las firmas de abogados contratadas son Bufete Asali, Lazcano Sámano, Rion M&A, K&G Abogados, Díaz Mirón y Asociados, entre otros.
La mayor parte de estos servicios se adquirieron durante el primer semestre de 2022, mientras que solo en el mes de septiembre se contrataron seis asesorías para los casos internacionales.
Destaca el caso de B-Mex, LLC y otras empresas estadounidenses que en 2016 iniciaron un arbitraje contra el gobierno mexicano por presuntas violaciones en contratos, revocación de permisos e imposición de medidas fiscales para evitar la apertura de casinos y juegos de azar en el país, refiere el portal de compras públicas.
Según los registros de la dependencia pública, B-Mex y los otros afectados reclaman un pago de 100 millones de dólares, más intereses y otros gastos que deriven de este juicio, pues alegan que tanto la Secretaría de Gobernación (Segob), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y otras autoridades impidieron la instalación de dichos negocios.
Si bien el caso arrancó en 2016, durante 2022 la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro contrató a cuatro expertos independientes para darle continuidad a las demandas de las empresas. Estos asesores fueron en derecho laboral mexicano, valuación de daños, procedimientos contenciosos constitucionales en materia de juegos y sorteos, así como en materia de juegos de azar.
El resto de los especialistas contratados el año pasado fueron para los arbitrajes con Legacy Vulcan, First Majestic Silver, Espíritu Santo Holdings, y Finley Resources Inc. de acuerdo con Compranet. La primera de estas empresas demandó al gobierno de México por problemas de derechos por concesiones portuarias, al igual que por el pago de impuestos; mientras que la segunda inició un arbitraje por presuntas violaciones fiscales durante 2020.
Espíritu Santo Holdings y Finley Resources Inc. iniciaron juicios contra la administración federal por supuestas violaciones a concesiones para la instalación y mantenimiento de taxímetros en la Ciudad de México, así como por contratos celebrados con Pemex, respectivamente.
