Un agujero de 840,000 millones de pesos en las arcas públicas, militares detenidos, funcionarios prófugos y senadores señalados. La presidenta dice que no sabe nada.
Lo llaman el «huachicol fiscal» y, según las estimaciones más conservadoras, es el escándalo más costoso en la historia moderna de México. Un solo renglón en la infografía que circula en redes: la fotografía de Claudia Sheinbaum junto a la de Andrés Manuel López Obrador, y una cifra que desafía la imaginación: 840,000 millones de pesos en recaudación no percibida entre 2018 y 2024, producto de la importación ilegal y sistemática de combustibles. Para ponerlo en perspectiva: el Toallagate de Vicente Fox costó 27 millones de pesos; la Estela de Luz de Calderón, 2,320 millones; la Casa Blanca de Peña Nieto, 160 millones. El huachicol fiscal los supera a todos juntos por miles de por ciento.
¿Cómo funciona el esquema?
El huachicol fiscal consiste en la importación ilegal de gasolina o diésel disfrazada de otras sustancias —lubricantes, alcoholes, aditivos— que están exentas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El esquema permite vender combustible más barato en el mercado interno mientras los operadores acumulan márgenes de ganancia extraordinarios. La magnitud del fraude se hace evidente con un solo dato: mientras la demanda mexicana de lubricantes ronda el millón de toneladas anuales, Estados Unidos exportó oficialmente 3.5 millones de toneladas a México en 2024, una cifra que no cuadra con ningún consumo real.
El destape: un barco y una cloaca abierta
El 19 de marzo de 2025, las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico con 10 millones de litros de diésel declarado fraudulentamente como petroquímicos para evadir impuestos. Fueron detenidos un vicealmirante de la Secretaría de Marina, cinco marinos en activo, exfuncionarios de Aduanas y varios empresarios. Lo que vino después fue peor: investigaciones revelaron que al menos un secretario de Estado del gobierno de Sheinbaum, dos exsecretarios de la administración de López Obrador, un exsubsecretario, dos directores de Aduanas, dirigentes de Morena, legisladores del partido en el poder y militares aparecen en los expedientes abiertos en ambos países.
Los hermanos Farías Laguna —un vicealmirante y un contraalmirante— son señalados como cabecillas de la red. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, titular de la dependencia durante todo el sexenio de AMLO. La empresa concesionaria del muelle fiscal de Tampico pertenece a Saúl Vera Ochoa, empresario que apoyó públicamente al senador Adán Augusto López en su intento por obtener la candidatura presidencial de Morena.
«No se trata de la corrupción individual de elementos deshonestos de la Marina, sino de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno.» — David Saucedo, especialista en seguridad
El papel de Sheinbaum: ¿víctima o cómplice del silencio?
Aquí es donde la presidenta enfrenta su mayor contradicción. Sheinbaum afirmó no tener conocimiento de si la FGR citó al senador Adán Augusto López como probable participante en el caso, a pesar de que periodistas le presentaron en conferencia una orden de aprehensión girada contra el contralmirante Fernando Farías Laguna en la que aparece el nombre del legislador de Morena. En otras palabras: la jefa del Ejecutivo dice no saber lo que sus propios fiscales investigan.
La opacidad tiene un costo humano concreto: un contraalmirante que denunció el esquema fue asesinado. Según reportes, la red generó un boquete financiero de al menos 600,000 millones de pesos y siguió operando sin interrupción durante años. Un audio difundido en febrero de 2026 reveló que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda se reunió con un testigo clave del caso y no tomó ninguna acción.
Las acciones: ¿suficientes o teatro?
El gobierno presume avances. La administración de Sheinbaum reporta haber recuperado hasta 200,000 millones de pesos en ingresos fiscales mediante acciones contra el contrabando. Sin embargo, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, reconoció en 2025 que miles de millones de dólares siguen escapando al control del Estado. La presidenta también reveló que la FGR evalúa cómo usar «de manera lícita» los más de 30 millones de litros de huachicol incautado, que permanecen almacenados mientras concluyen investigaciones que no tienen fecha de cierre. Varios implicados permanecen libres pese a órdenes de captura vigentes.
La herencia envenenada y la responsabilidad compartida
Sheinbaum no creó el huachicol fiscal, pero sí heredó la estructura de poder que lo permitió: el mismo partido, muchos de los mismos funcionarios y —según las investigaciones— algunos de los mismos aliados políticos. Decir que «no sabe» si un senador de su propio bloque legislativo está siendo investigado por uno de los mayores fraudes fiscales de la historia no es una respuesta aceptable para quien encabeza el Ejecutivo federal. La ciudadanía merece saber quién sabía qué, desde cuándo, y por qué se tardó tanto en actuar. Mientras esa respuesta no llegue, el huachicol fiscal seguirá siendo la mancha más oscura —y la más cara— de la llamada Cuarta Transformación.
