La cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada no representa el final de la ofensiva estadounidense contra el Cártel de Sinaloa. Por el contrario, podría ser el punto de partida de una investigación mucho más incómoda para el poder político mexicano: seguir el dinero, desmantelar las empresas vinculadas al crimen organizado y localizar a los funcionarios que presuntamente protegieron sus operaciones.
El mensaje para Morena es difícil de ignorar. Mientras el partido gobernante insiste en rechazar cualquier señalamiento sobre una posible infiltración criminal en las instituciones, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a utilizar los tribunales estadounidenses para investigar y acusar a políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico.
Zambada fue condenado el 20 de julio de 2026 a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares por encabezar durante décadas una empresa criminal dedicada al tráfico de drogas y por participar en actividades de crimen organizado. La condena fue anunciada oficialmente por el Departamento de Justicia estadounidense.
Pero “El Mayo” podría no caer solo.
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga aseguró que, después de la sentencia, las autoridades estadounidenses concentrarán sus esfuerzos en identificar empresas, cuentas bancarias, prestanombres, operadores financieros y colaboradores políticos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con Arteaga, la declaración de culpabilidad de Zambada permitirá fortalecer la aplicación de la Ley RICO, una legislación diseñada para perseguir no únicamente a los jefes de una organización criminal, sino a toda la estructura que facilita, financia o protege sus actividades.
Eso significa que la investigación podría dejar de enfocarse exclusivamente en capos y sicarios para comenzar a seguir la ruta del dinero y las relaciones construidas dentro de gobiernos, corporaciones policiales y partidos políticos.
El periodista afirmó que uno de los objetivos centrales serían los políticos mexicanos que, durante años, presuntamente colaboraron con las organizaciones criminales. Sin embargo, varios de los nombres mencionados por Arteaga no han sido confirmados públicamente por el Departamento de Justicia como integrantes de una misma investigación, por lo que esos señalamientos deben considerarse versiones periodísticas y no culpabilidades acreditadas.
La acusación que sí encendió las alarmas en Morena
El escenario dejó de ser una simple especulación después de que fiscales federales estadounidenses acusaran formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa.
La acusación, presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían utilizado cargos públicos para proteger operaciones criminales, facilitar el tráfico de drogas y recibir sobornos a cambio de respaldo político. Se trata de acusaciones que deberán probarse ante un tribunal y no de sentencias condenatorias.
Rocha Moya ha rechazado los cargos y asegura que carecen de fundamento. No obstante, el expediente constituye una escalada sin precedentes: Estados Unidos ya no está señalando solamente a narcotraficantes mexicanos, sino a integrantes del aparato político que presuntamente les permitieron operar.
Rocha pertenece a Morena y ha sido uno de los personajes cercanos al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Por ello, su acusación golpea directamente el discurso gubernamental de que no existen vínculos entre el poder político y las principales organizaciones criminales del país.
La pregunta ya no es si Washington investigará a políticos mexicanos, sino hasta dónde piensa llegar.
Trump cambia las reglas
El Gobierno de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación amplía las herramientas financieras, judiciales y de seguridad que Washington puede utilizar contra quienes presuntamente colaboren con ellas.
La designación también facilita perseguir redes de financiamiento, congelar activos y presentar cargos contra quienes otorguen apoyo material a dichas organizaciones.
Por eso, la condena contra “El Mayo” no debe entenderse como un expediente cerrado. La información recopilada durante años por la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y fiscales federales puede ser utilizada para construir nuevos casos contra empresarios, operadores financieros, policías y funcionarios.
Washington ya demostró que está dispuesto a actuar sin esperar a que el Gobierno mexicano investigue primero.
La supuesta lista de políticos mexicanos
Arteaga sostuvo que en Estados Unidos existe una lista de funcionarios mexicanos investigados al más alto nivel, a la que se ha referido como la “lista Marco Rubio”.
Entre los nombres mencionados por el periodista aparecen el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; su exesposo Carlos Torres; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el senador Adán Augusto López.
Hasta ahora, no existe información oficial pública que permita afirmar que todos ellos están acusados formalmente o que integran una misma lista del Gobierno estadounidense. Por ello, cualquier señalamiento debe manejarse como una versión atribuida al periodista y no como una conclusión judicial.
Sin embargo, la acusación formal contra Rocha Moya demuestra que las investigaciones contra políticos mexicanos no son solamente una amenaza retórica.
Durante años, Morena ha respondido a los señalamientos sobre narcotráfico acusando campañas de desprestigio, intervencionismo extranjero o ataques contra la Cuarta Transformación. Esa estrategia podría resultar insuficiente cuando las acusaciones provienen de grandes jurados, fiscales federales y expedientes judiciales estadounidenses.
¿Un Estado infiltrado por el narco?
Hablar de un “narcoestado” es una acusación extremadamente grave que no puede establecerse solamente mediante declaraciones políticas o periodísticas. Pero la aparición de investigaciones contra funcionarios obliga a preguntar hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado penetrar instituciones encargadas de combatirlas.
El problema para Morena es que Estados Unidos parece dispuesto a investigar precisamente esa relación.
Si los testimonios, operaciones financieras y declaraciones de testigos cooperantes conducen hacia funcionarios mexicanos, el Gobierno de Trump podría impulsar nuevas órdenes de captura, solicitudes de extradición, congelamientos de activos y acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o apoyo material a organizaciones terroristas.
La sentencia contra Zambada cerró la historia judicial de uno de los narcotraficantes más poderosos de México, pero abrió otro expediente todavía más peligroso para la clase política.
El mensaje desde Washington es claro: ya no bastará con detener capos. Estados Unidos quiere identificar a quienes les permitieron acumular poder, lavar miles de millones de dólares y operar durante décadas con protección institucional.
Cuidado, Morena. La justicia estadounidense ya comenzó a seguir la ruta política del narcotráfico y, bajo el Gobierno de Donald Trump, podría no detenerse en la frontera.
