La propuesta para proteger a las audiencias frente a la desinformación y los contenidos manipulados ha encendido una nueva alerta entre especialistas de la comunicación, quienes advierten que la falta de definiciones precisas podría otorgar a la autoridad un amplio margen para intervenir en el trabajo editorial de los medios.
Integrantes del Consejo de la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) reconocieron que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometidos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, parten de una preocupación legítima: combatir las noticias falsas, los contenidos descontextualizados y el uso de herramientas tecnológicas para fabricar audios o videos engañosos.
Sin embargo, señalaron que el proyecto corre el riesgo de colocar bajo los mismos mecanismos de revisión dos fenómenos completamente distintos: la producción deliberada de contenidos falsos mediante inteligencia artificial y las decisiones editoriales propias del ejercicio periodístico.
Mientras un audio, una imagen o un video alterado digitalmente para engañar a la población puede enfrentarse mediante etiquetados, protocolos de autenticidad, verificación tecnológica y alfabetización digital, la selección de información, fuentes, enfoques y opiniones forma parte de la libertad editorial protegida por la Constitución.
Para AMCO, combatir los llamados deepfakes no debería implicar que una autoridad gubernamental pueda determinar qué información tendría que incluir un noticiero, qué interpretación es correcta o qué contenidos podrían considerarse falsos o descontextualizados.
La principal preocupación se encuentra en el procedimiento contemplado por los lineamientos. Cuando un medio no atienda las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría intervenir y, eventualmente, imponer sanciones.
Los comunicadores advirtieron que, sin criterios objetivos y claramente delimitados, ese mecanismo podría provocar que la revisión gubernamental termine sustituyendo las decisiones editoriales de los medios o genere un ambiente de autocensura ante el temor de castigos económicos y administrativos.
La inquietud también ha sido expresada por organizaciones jurídicas y empresariales. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ha advertido sobre los posibles riesgos para la libertad de expresión, mientras que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ha cuestionado la falta de definiciones concretas sobre conceptos como información falsa o descontextualizada.
Aunque el proyecto establece que sus disposiciones no podrán emplearse para restringir la libertad de expresión y la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que se trate de un mecanismo de censura, AMCO consideró necesario cerrar cualquier espacio de discrecionalidad antes de que se publique la versión definitiva.
La organización sostuvo que las audiencias necesitan protección frente a la manipulación, pero advirtió que esa protección debe construirse mediante herramientas proporcionales, técnicas y específicas, sin ampliar innecesariamente las facultades del Estado para intervenir en el contenido de la prensa, la radio y la televisión.
También llamó a comunicadores, concesionarios, especialistas, audiencias y ciudadanos a participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, y a presentar observaciones que permitan corregir los puntos ambiguos de la propuesta.
La discusión, señalaron, no consiste en elegir entre audiencias protegidas o medios libres. Una democracia necesita ambas cosas: mecanismos efectivos contra la desinformación y una prensa independiente que pueda investigar, interpretar y cuestionar al poder sin presiones indebidas.
La mejor regulación no es necesariamente la que concede mayores facultades de control, sino aquella que establece reglas claras, limita la discrecionalidad y fortalece la confianza pública sin convertir la protección de derechos en una puerta para la intervención editorial.
