Advierten en TEPJF posibilidad de anular elecciones si interviene crimen

Ante el clima de inseguridad en el país, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptaron la posibilidad de llegar al punto de anular una elección frente a la intervención del crimen organizado, siempre y cuando cumpla con los criterios constitucionales que señalen una violencia generalizada, que tenga un gran impacto y genere determinancia en el resultado.

En un encuentro con los medios de comunicación, los magistrados Mónica Soto (presidenta), Felipe Fuentes y Felipe de la Mata reconocieron que el problema en materia de seguridad es una preocupación para todos los actores, tanto políticos como autoridades, así como para los ciudadanos.

Ante los cuestionamientos sobre el impacto del crimen organizado en los comicios en curso, los magistrados admitieron los riesgos que representa, pero señalaron que para alcanzar la nulidad electoral por su intervención, se tiene que comprobar su impacto.

“El Tribunal Electoral tiene sentencias muy claras en donde se anula toda una elección en la que se comprueba que no cumplió con, digamos, la calidad que tiene que tener cada elección, y así lo hemos hecho en un sinnúmero de casos en donde se han anulado elecciones, casillas.

“Ahorita, por ejemplo, creo que, en Michoacán, es un caso de un precedente cercano en donde hubo nulidad de casillas, porque se comprobó que hubo ahí intervención del crimen organizado. Y esas nulidades de casillas, en donde se comprobó que hubo una situación anómala, se anularon. Lo cual no llevó a la anulación general de la elección o de todas las elecciones; ¿por qué? Porque fueron focalizados, incluso, los casos que llegaron aquí”, explicó la magistrada presidenta.

“Ante la pregunta de si se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es: sin duda. El marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral”, coincidió el magistrado Felipe de la Mata.

El magistrado Felipe Fuentes puntualizó que la nulidad requeriría comprobar que hubo violencia generalizada: “Anular elecciones por crimen organizado, ya lo señaló el magistrado De la Mata Pizaña, sí es posible, cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales. Siempre que la violencia generalizada, como lo dije hace unos momentos, tenga un gran impacto, tenga determinancia en relación con el resultado de la elección”.

Respecto a si era suficiente el protocolo de seguridad anunciado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados evitaron hacer algún comentario, pero reconocieron el esfuerzo por parte de la autoridad electoral.

Particularmente, De la Mata rechazó que él sienta la necesidad de que también deban incorporarlo en ese protocolo, pero estimó que a nivel estatal “habría que preguntarle eso a los magistrados locales y a los consejeros locales, entendiendo que, además, no solamente son los consejeros locales, digamos, los estatales, que están en la capital de cada uno de los estados, sino también en los distritos y en los municipios”.

Mónica Soto descartó que ella pueda asumir la representación de los magistrados de todo el país para solicitar medidas de seguridad y dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de que algún magistrado aspire a solicitarlas.

Ante la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los tres magistrados se manifestaron en favor de participar posteriormente en el diálogo o debate sobre el tema.

Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata adelantó que la historia nacional demuestra que las reformas electorales más exitosas fueron las de 1977 y 1996, por lo que consideró que se debe repetir el esquema de no hacer modificaciones en este rubro al final de un sexenio y que también requieren el consenso de todos los partidos.

Arranca en comisiones análisis sobre reformas

La propuesta de Morena para llevar a cabo un cabildeo nacional a fin de impulsar las 20 iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las cuales en siete estima conseguir una aprobación fácil, será analizada por los diputados, quienes además se preparan para intentar sacar adelante reformas a las que están obligados por orden judicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, dijo que las iniciativas presidenciales, “con gusto o disgusto de la mayoría” que conforman Morena y aliados, no serán los únicos temas a discutir en este último período de sesiones.

Detalló que por mandamiento judicial, se tiene que legislar la que el odio racial sea un delito inscrito en el Código Penal Federal; reformar 60 leyes para armonizarlas con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; prohibir que las estaciones migratorias retengan personas; prohibir que autoridades soliciten información personal sin mandamiento judicial.

Asimismo, deben legislar en materia de comunicación social y derechos de las audiencias; sacar adelante la Ley General de Aguas; garantizar paridad en el Congreso; sobre los derechos electorales de las personas con discapacidad, y regular la cannabis.

“Esto es otra manera de decir que no nos vamos a abocar exclusivamente a las iniciativas del Presidente López Obrador, que aquí tenemos mucho trabajo que hacer y este es un ejemplo”, dijo en conferencia de prensa.

De ahí señaló que ya se analiza lo sugerido por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, para realizar foros y asambleas nacionales en torno a las 20 iniciativas, ejercicio que, como oposición, celebraron por considerarlo una muestra de que la mayoría que conforman los partidos de la 4T en la Cámara ya no quiere “legislar al vapor”.

“Qué bueno que unánimemente resolvamos que esto no se va a legislar al vapor y que tiene que haber foros, en un formato, insisto, incluso más amplio que un Parlamento abierto, porque así es como tiene que ser”, comentó.

Durante la sesión ordinaria de San Lázaro, la Mesa Directiva turnó a comisiones las iniciativas del Presidente.

Según lo explicado por Romero Herrera, la única comisión que tendrá voz y voto para la aprobación será la de Puntos Constitucionales, mientras que el resto sólo participará con su opinión.

En entrevista, el presidente de dicha comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, señaló que serían entre seis y siete las reformas que podrían ser aprobadas con facilidad.

Afirmó que se buscará llegar a abril con el mayor número de dictámenes posibles, pues señaló que el trabajo legislativo se concretará después paralela a los foros y asambleas nacionales que propuso su bancada.

“Estamos empezando a hacer notas que compendien los puntos más acercados al consenso, otros que son dispares de opiniones y luego empezaremos a correrlas entre los miembros de la Comisión para que empiece la discusión formal… Creo que pueden encontrar consensos algunas que tienen que ver con bienestar, salarios, pensiones, salud, agua, vivienda, esas son declaratorias en la Constitución en cuya mayor parte de los casos no tienen un impacto presupuestal”, dijo.

Crean grupo de trabajo para vigilar elecciones

Ante la violencia que ha trastocado la contienda electoral de este año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó la creación de una comisión que se encargará de vigilar los comicios.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, hizo hincapié en que esta comisión, que se erigió como grupo de trabajo, se compondrá por legisladores de los diversos grupos parlamentarios tendrá también la función de visibilizar los atentados que se cometan en contra de candidatas y candidatos a algún cargo.

“Ser candidato o candidata ya es un deporte de alto riesgo en este país, ya muchos hombres y mujeres se están rifando la vida. El tema de la inseguridad y de la violencia no es solamente un tema que atañe a los candidatos, somos 130 millones de almas los que vivimos en este país que queremos seguridad”, señaló.

Para ahondar en el tema, la Jucopo también acordó invitar el próximo 20 de febrero a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a una reunión en la que junto a los legisladores se aborden soluciones.

“Viene a que nosotros la escuchemos a ella y, en verdad, le ofrezcamos nuestro apoyo en aquello que podemos ofrecerle. Es solamente de una persona vil el querer politizar el tema de la inseguridad; la inseguridad, más allá de elecciones o de colores, afecta a todas y a todos y no lo vamos a politizar, por supuesto que lo vamos a denunciar, nada más que no vayan a pensar que denunciar es no querer cooperar”, declaró en conferencia.

Insistió en que el tema de la violencia electoral no es aislado y subrayó que el Congreso hará público cuando el crimen organizado amenaza a candidatos. Además de esto, puntualizó que desde el bloque de oposición también se señalará cuando se identifique la intervención de los gobiernos, sin importar el partido al que pertenezcan.

Expertos lanzan plataforma Alerta Democrática

Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor , dio a conocer que gracias al esfuerzo de un grupo de ciudadanos expertos en temas electorales, presentaron Alerta Democrática, una plataforma que pretende advertir a la población sobre los riesgos en el proceso electoral de este año.

“Hoy (ayer) presentamos el grupo Alerta Democrática, desde el cual especialistas en temas de elecciones y democracia estaremos advirtiendo los riesgos y amenazas que vemos en el proceso electoral. Cada semana nos pronunciaremos sobre las condiciones de la competencia, la logística y organización de la elección y el arbitraje electoral”, refirió.

A través de un comunicado, el grupo consideró que las elecciones del 2024 determinarán el futuro de la democracia en el país, además de “que los mexicanos elegiremos la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y otros más de 20 mil cargos de elección popular”.

Por lo anterior afirmó: “Nos proponemos advertir sobre riesgos y amenazas que se presenten durante el proceso electoral. Semanalmente daremos a conocer alertas democráticas sobre las condiciones de la competencia, logística y organización de la elección y el arbitraje”.

El grupo señaló que de manera particular analizarán y promoverán el diálogo sobre las actividades de organización de las elecciones en todo el territorio nacional; la imparcialidad y autonomía con que se desempeñen las autoridades electorales; el impartimiento oportuno y eficaz de la justicia electoral.

También, las condiciones de equidad en la contienda; el respeto a la neutralidad electoral por parte de las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno; el uso legal de los recursos públicos y la debida rendición de cuentas por parte de las instituciones y actores políticos involucrados (partidos y candidaturas).

Este grupo lo integran, además de Espinosa Silis, María del Carmen Alanis, Marco Baños, Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Luis Miguel Santibañez, Patricia McCarthy, Rodrigo Morales Manzanares y Arturo Sánchez Gutiérrez.