Ciudad de México, 12 de junio de 2026 — El 11 de junio, cuando México recibió a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, las gradas no solo se llenaron de aficionados que ahorraron meses para estar ahí. También se llenaron de diputados, ex funcionarios, senadores y asesores del gobierno que durante años predicaron la austeridad republicana como evangelio político.
Los boletos que el pueblo no pudo pagar
Para entender la contradicción, hay que empezar por los números. Los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Azteca se cotizaron en un rango de 45,000 a 50,000 pesos en categoría uno, según reportes previos al torneo. Los paquetes de hospitalidad VIP para el mismo partido superaron los 100,000 pesos por persona. En reventa, las entradas llegaron a dispararse aún más.
La FIFA defendió sus precios argumentando que el mercado estadounidense opera con valores elevados incluso en competencias universitarias, y que el 25% de los boletos para la fase de grupos tendría precios menores a 300 dólares. Pero para millones de mexicanos, incluso esa cifra «accesible» equivale a más de la mitad de un salario mínimo mensual.
Un aficionado que quisiera seguir a México desde la fase de grupos hasta una eventual final gastaría, en la categoría más barata disponible, varios miles de dólares solo en entradas. Para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las entradas de categoría uno superan los 100,000 pesos, y en reventa se han visto por encima de los 10,000 dólares.
La lista de los «austeros» en el Azteca
Entre el gentío mundialista que disfrutó el partido inaugural desde el Estadio Azteca se identificaron varios personajes ligados a Morena y a la llamada Cuarta Transformación:
- Mario Miguel Carrillo, diputado federal de Morena
- Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena y ex gobernador de Morelos
- Carlos Torres, ex secretario técnico de Seguridad y ex funcionario federal, Morena
- Santiago Nieto, ex titular del INPI, Morena
- Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de la Presidencia de la República
Desde luego, la lista incluyó también figuras de otros partidos como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Pero son los allegados a Morena quienes generan la pregunta más incómoda, dado el discurso que han sostenido por años.
El caso Altagracia: el símbolo más claro
Ningún nombre en esa lista resulta tan revelador como el de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del gobierno federal bajo Claudia Sheinbaum.
Altagracia, de 32 años, es presidenta del Grupo MINSA —conglomerado con presencia en las industrias alimenticia, automotriz, logística, financiera e inmobiliaria— y figura clave en el proyecto económico de la actual administración. Forbes la ha calificado como una de las 100 mujeres más influyentes del país.
No es la primera vez que su presencia genera preguntas sobre la coherencia del discurso de austeridad. En enero de 2025, durante la presentación del Plan México —la estrategia económica del gobierno de Sheinbaum—, Altagracia Gómez apareció luciendo un vestido de la marca italiana Miu Miu, filial de Prada, cuyo costo en tiendas de lujo asciende a los 2,750 euros (cerca de 57,930 pesos). Semanas después, en el Baile Inaugural Hispano en Washington, portó un vestido negro presuntamente de Alexander McQueen, cuyo precio en línea alcanza los 8,590 dólares, equivalentes a unos 160,000 pesos.
La polémica fue tal que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a defenderla públicamente: «Altagracia es una empresaria, ella no trabaja en el Gobierno. Ella de manera solidaria, fraternal, honoríficamente, está poniendo su tiempo para ayudarnos a desarrollar el Plan México», dijo en su conferencia matutina del 16 de enero de 2025.
Pero la defensa presidencial no silencia la ironía: la misma asesora que pidió a los mexicanos hacer un «consumo consciente» y privilegiar los productos locales durante la presentación del Plan México, se presentó en el evento con ropa de las casas de moda europeas más exclusivas del mundo.
Y esa misma asesora estuvo en el partido inaugural del Mundial, cuyos boletos, para quien los compró en el mercado oficial, representan varios meses de salario para la mayoría de los mexicanos.
Por si fuera poco, la empresa de su familia, MINSA Industrial, recibió un contrato por 346 millones de pesos bajo el gobierno de Sheinbaum —cifra que equivale casi al total acumulado durante tres años completos del sexenio de AMLO. La cercanía entre el poder político y el económico nunca ha sido tan explícita ni tan bien vestida.
«No puede haber gobierno rico con pueblo pobre»
Durante más de seis años, Andrés Manuel López Obrador repitió esta frase como mantra. Firmó la Ley Federal de Austeridad Republicana, viajó en vuelos comerciales, subastó el avión presidencial y promovió una cultura de sobriedad en el ejercicio del poder público. Sus colaboradores, en papel al menos, debían vivir en la «justa medianía», según el memorándum que giró a funcionarios en mayo de 2019.
Morena incluso endureció en mayo de 2025 sus directrices éticas internas, prohibiendo la ostentación de joyas, ropa de marcas exclusivas o turismo de lujo. «La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios», decía el documento interno del partido.
La Secretaría de Gobernación ya había llamado al orden en agosto de 2025, exigiendo a políticos de Morena «dejar de despilfarrar» y advirtiendo que la austeridad «no debe ser un eslogan, sino un principio y una filosofía de vida». El llamado llegó en medio de escándalos como la casa valuada en 12 millones de pesos del senador Gerardo Fernández Noroña y los paseos de Andrés Manuel López Beltrán por Tokio.
El New York Times publicó en octubre de 2025 un reportaje en el que señalaba que «si bien en México no sorprende que los políticos lleven vidas acomodadas, el descontento crece porque Morena surgió precisamente del rechazo a esos privilegios». La analista Vanessa Romero fue directa: «He visto una respuesta popular tan clara, tan furiosa y tan rotunda en contra de estos personajes. La gente está ofendida y traicionada».
Sheinbaum, la excepción que confirma la regla
Hay que reconocer un dato: la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una invitación para el partido inaugural y decidió no asistir. Entregó su boleto a Yolett Cervantes, una joven que ganó un concurso de dominadas organizado como parte de las actividades previas al Mundial. El gesto fue aplaudido en redes sociales.
Pero ese gesto presidencial contrasta con la imagen de su círculo cercano —diputados, ex funcionarios, asesores— ocupando lugares en un estadio cuyas entradas cuestan lo que muchas familias mexicanas no pueden ni imaginar gastar en un solo día.
La pregunta que nadie quiere responder
¿Pagaron sus boletos de su propio bolsillo? ¿Recibieron invitaciones de FIFA, de patrocinadores o del Comité Organizador? ¿Usaron recursos o gestiones públicas para obtenerlos?
Algunos reportes señalaron que ciertos asistentes pudieron haber recibido invitaciones institucionales, por lo que no necesariamente adquirieron sus entradas en el mercado abierto. Pero ninguno de los identificados en la lista ha ofrecido una explicación pública clara.
Lo que sí es claro es el contraste: mientras el aficionado común tuvo que entrar a una rifa, madrugar en plataformas digitales o pagar precios de reventa estratosféricos para ver un partido de la Copa del Mundo organizada en su propio país, quienes han construido su carrera política prometiendo gobernar «para el pueblo» y vivir con austeridad aparecieron cómodamente instalados en las butacas del Azteca.
La austeridad republicana, al parecer, tiene sus excepciones. Y en el Mundial 2026, esas excepciones tienen nombre y apellido.
