Bajo el argumento de proteger los llamados “derechos de las audiencias”, el Gobierno y Morena impulsan cambios que podrían permitir una mayor intervención del poder político en los contenidos transmitidos por medios de comunicación y plataformas informativas.
La propuesta se presenta como una medida para garantizar que la ciudadanía reciba información adecuada, pero el punto central sigue sin resolverse: quién decidirá qué contenido es correcto, equilibrado, ofensivo, falso o contrario al interés de las audiencias.
Cuando una autoridad obtiene facultades para evaluar, sancionar o condicionar lo que publican periodistas, conductores, estaciones de radio o canales de televisión, el riesgo de censura deja de ser una exageración. Una norma diseñada supuestamente para proteger al público puede convertirse en una herramienta para presionar a quienes incomodan al Gobierno.
El peligro no necesariamente consiste en prohibir directamente una noticia. La censura también puede operar mediante sanciones, procedimientos administrativos, amenazas regulatorias y reglas ambiguas que obliguen a medios y comunicadores a moderar sus críticas para evitar consecuencias.
En ese escenario, los periodistas podrían comenzar a preguntarse no solamente si una información es verdadera y relevante, sino si su publicación provocará una investigación, una multa o una acusación de incumplir con los derechos de las audiencias.
La discusión adquiere mayor importancia porque el control de la información ya no se limita a la televisión, la radio y los periódicos. Actualmente, buena parte de la conversación pública ocurre en redes sociales, plataformas digitales y sistemas gobernados por algoritmos que deciden qué contenidos se muestran, cuáles pierden alcance y cuáles prácticamente desaparecen.
Esto significa que la ciudadanía podría quedar atrapada entre dos formas de control: por un lado, el poder gubernamental intentando establecer qué deben publicar los medios; por el otro, las grandes empresas tecnológicas determinando qué información puede circular y qué voces serán invisibilizadas.
Con el discurso de proteger a las audiencias, Morena podría estar construyendo un mecanismo capaz de vigilar y condicionar a los medios de comunicación. El nombre de la ley puede parecer inofensivo, pero sus efectos dependerán de quién la aplique y con qué criterios.
La libertad de expresión no desaparece únicamente cuando se clausura un periódico o se prohíbe una transmisión. También se debilita cuando los comunicadores comienzan a callar por miedo a las sanciones y cuando el Gobierno adquiere herramientas para decidir qué información considera aceptable.
Por eso, la población debe mantenerse atenta. Lo que hoy se presenta como protección de las audiencias mañana podría convertirse en control editorial, presión contra periodistas y censura disfrazada de regulación.
La pregunta es sencilla: ¿quién protegerá a las audiencias cuando sea el propio Gobierno el que decida qué pueden escuchar, ver o leer?
