Nueva ley obliga a empresas a entregar datos biométricos de los ciudadanos al gobierno
La Cámara de Diputados aprobó una polémica reforma que obliga a bancos, hospitales, compañías telefónicas y cualquier entidad pública o privada que administre bases de datos biométricos a entregar esa información al gobierno mexicano.
Bajo el argumento de reforzar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, se modificaron diversas leyes, incluyendo la Ley General de Población, para permitir que autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instancias de seguridad puedan acceder en tiempo real a datos personales como huellas dactilares, fotografías y otros registros biométricos.
Entre los cambios más relevantes está la creación de una CURP biométrica obligatoria, que funcionará como documento nacional de identidad y permitirá el cruce automatizado de información entre bases de datos federales, incluyendo registros de personas desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
¿Qué implica esta reforma?
La reforma obliga a todos los niveles de gobierno y a particulares que gestionen datos personales, como bancos y empresas tecnológicas, a permitir el acceso del Estado a sus sistemas. Esto ha encendido las alarmas de expertos en derechos humanos y privacidad, quienes denuncian que se trata de una herramienta de vigilancia masiva disfrazada de una política de búsqueda humanitaria.
La oposición ha advertido que esta medida representa un riesgo grave para la seguridad y privacidad de los mexicanos, pues centraliza información sensible en manos del gobierno sin suficientes mecanismos de protección o control judicial.
Críticas y preocupaciones
- Más de 300 colectivos de víctimas han advertido que esta ley no resuelve el problema real de la impunidad ni mejora las condiciones forenses del país.
- En México hay más de 72 mil cuerpos sin identificar y las fiscalías apenas destinan el 3% de su presupuesto a servicios periciales.
- 22 madres buscadoras han sido asesinadas, sin que exista un plan efectivo de protección o justicia para ellas.
Legisladores de la oposición acusan que, detrás del discurso de derechos humanos, el oficialismo busca concentrar poder, controlar a la población y vigilar a los ciudadanos, con el pretexto de la seguridad pública.
“Esta ley obliga a todas las compañías que gestionan datos biométricos a entregar esa información al gobierno. Es una herramienta de vigilancia sin precedentes que pone en riesgo los derechos y libertades de todos los mexicanos.” — Alejandro Domínguez (PRI)
