SAT detecta presunta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en empresa vinculada a Amílcar Olán

SAT detecta presunta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en empresa vinculada a Amílcar Olán

La empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada por investigaciones periodísticas con el empresario tabasqueño Amílcar Olán, habría declarado ante las autoridades aduaneras apenas una fracción del diésel que introdujo a México durante 2025, de acuerdo con documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundidos este lunes por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según la investigación, el SAT entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) una declaratoria de perjuicio en la que solicitó ejercer acción penal por operaciones que habrían provocado una omisión de 834 millones de pesos en impuestos y derechos.

Portacelis Gas and Oil ha sido relacionada con Amílcar Olán debido a que su administrador único, Juan Carlos de la Cruz Murillo, ha sido identificado por MCCI como contador de confianza del empresario. A su vez, Olán ha sido señalado en investigaciones de MCCI y Latinus como amigo y colaborador de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Declaró 6.6 millones; SAT estima cerca de 90 millones

El punto central del expediente está en la diferencia entre los volúmenes reportados y los que presuntamente ingresaron al país.

Entre febrero y junio de 2025, Portacelis declaró ante las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros el ingreso por ferrocarril de aproximadamente 6.68 millones de litros de diésel. Sin embargo, a partir de la estimación fiscal señalada en la investigación, el volumen real habría rondado los 90 millones de litros.

De confirmarse esa estimación, alrededor de 83 millones de litros adicionales no habrían sido declarados y el combustible reportado formalmente representaría aproximadamente 7% del total que habría ingresado por ferrotanques durante ese periodo.

De acuerdo con MCCI, el cálculo parte de los 834 millones de pesos que el SAT atribuye a impuestos y derechos omitidos, considerando la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vigente para el diésel durante 2025, el IVA y un precio promedio de importación.

Los registros de comercio exterior revisados por la organización muestran que, entre febrero y julio de 2025, la compañía reportó formalmente 13 millones 654 mil litros de diésel en 150 operaciones efectuadas por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz.

En el periodo específico revisado por el SAT —del 9 de febrero al 28 de junio— se contabilizaron 141 operaciones por ferrocarril, con 6 millones 683 mil litros declarados y un valor de 72.5 millones de pesos.

Importaciones habrían superado el permiso otorgado por Sener

La diferencia también tendría implicaciones respecto del permiso que recibió Portacelis para importar combustible.

El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el gobierno de López Obrador, la Secretaría de Energía otorgó a la compañía autorización para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos.

Si el volumen cercano a 90 millones de litros estimado en la investigación corresponde efectivamente al combustible introducido por la empresa, las importaciones habrían superado en alrededor de 73% el límite establecido en ese permiso.

Portacelis había sido constituida apenas semanas antes, el 6 de agosto de 2024, en Villahermosa, Tabasco.

Tribunal confirmó restricción impuesta por el SAT

La empresa también enfrentó un procedimiento relacionado con sus controles volumétricos.

El SAT restringió sus certificados de sello digital después de detectar que Portacelis no había presentado los reportes mediante los cuales las compañías que manejan hidrocarburos deben informar a la autoridad cuánto combustible importan, transportan, almacenan o comercializan.

La Sala Regional en Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la actuación del SAT mediante una sentencia dictada el 15 de enero de 2026, que quedó firme el 5 de marzo del mismo año, según la documentación revisada por MCCI.

Los controles volumétricos están contemplados en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y permiten contrastar el combustible físicamente manejado por una compañía con los volúmenes registrados ante las autoridades fiscales.

De acuerdo con la investigación, los tres certificados de sello digital que Portacelis había obtenido desde su constitución fueron revocados el 27 de junio de 2025.

Sin un certificado de sello digital vigente, una empresa no puede timbrar comprobantes fiscales digitales, lo que le impide facturar legalmente sus operaciones.

El vínculo con Amílcar Olán

Portacelis Gas and Oil aparece formalmente bajo la administración de Juan Carlos de la Cruz Murillo, a quien MCCI identifica como contador de Amílcar Olán.

Olán ha aparecido en diversas investigaciones periodísticas por sus relaciones personales y comerciales con integrantes del círculo de los hijos del expresidente López Obrador. MCCI sostiene, con base en grabaciones difundidas previamente por esa organización y por Latinus, que mantiene una relación cercana con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y que ha colaborado con Gonzalo López Beltrán.

La relación entre Portacelis y otras compañías del sector energético también ha sido objeto de investigaciones.

MCCI documentó en julio que uno de los primeros proveedores de combustible de Portacelis fue Ikon Midstream LLC, empresa con sede en Houston que ha estado bajo investigación de autoridades estadounidenses y mexicanas dentro de pesquisas relacionadas con presunto contrabando de combustible. Agentes federales estadounidenses catearon sus oficinas en abril de 2026, según la investigación.

Entre los otros proveedores registrados por Portacelis se encuentran Brownsville GTR y MG Energy.

El caso se encuentra ahora en el ámbito de la FGR a partir de la declaratoria de perjuicio presentada por la autoridad fiscal. La existencia de esa solicitud del SAT no equivale, por sí misma, a una sentencia penal contra la empresa o contra las personas vinculadas a ella.

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