México vuelve a colocarse bajo los reflectores por una política que empieza a parecer menos una tradición diplomática y más un patrón político: mientras Morena enfrenta en casa acusaciones, investigaciones y escándalos relacionados con personajes de su propio entorno, en el extranjero mantiene abiertas las puertas para figuras de la izquierda latinoamericana perseguidas, investigadas o incluso condenadas por corrupción.
La reunión en Ciudad de México entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa vuelve a alimentar esa percepción. Petro dejó la Presidencia de Colombia en agosto y su administración terminó bajo fuertes señalamientos de corrupción. El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado que entregará expedientes a las autoridades y buscará cooperación internacional para perseguir posibles recursos provenientes de actos ilícitos.
El caso de Rafael Correa es todavía más delicado: el expresidente ecuatoriano fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por su participación en una trama de sobornos y actualmente reside en Bélgica.
Sin embargo, ambos encontraron en México un espacio político favorable.
Y no son casos aislados.
Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, México ha otorgado protección o respaldo diplomático a distintas figuras de la izquierda latinoamericana que enfrentaban procesos judiciales o graves acusaciones en sus países.
Evo Morales recibió asilo después de abandonar Bolivia. Familiares del expresidente peruano Pedro Castillo también fueron protegidos diplomáticamente. Y el gobierno mexicano concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas pese a que ya había sido condenado en dos casos de corrupción, uno relacionado con sobornos de Odebrecht y otro con uso indebido de recursos públicos.
El problema no es únicamente internacional.
Dentro de México, Morena también carga con cuestionamientos sobre el trato que reciben personajes cercanos a la llamada Cuarta Transformación cuando aparecen relacionados con investigaciones criminales o escándalos de corrupción. En el caso del huachicol fiscal, investigaciones periodísticas han señalado a funcionarios y personajes vinculados al movimiento oficialista, mientras algunos de ellos continúan sin enfrentar cargos.
El patrón empieza a ser difícil de ignorar: dureza discursiva contra adversarios, pero cautela, respaldo político o protección cuando los señalados pertenecen al mismo círculo ideológico.
Morena llegó al poder prometiendo separar al poder político de la corrupción. Hoy enfrenta una pregunta mucho más incómoda: ¿México mantiene una política legítima de asilo y solidaridad internacional, o la 4T está convirtiendo al país en un refugio político para aliados señalados por la justicia?
Porque cuando la protección alcanza tanto a personajes cuestionados dentro de México como a figuras extranjeras condenadas o investigadas, ya no basta con hablar de coincidencias ideológicas.
La sospecha es otra: que para Morena la justicia puede ser implacable con sus adversarios, pero extraordinariamente flexible con los suyos.
