con una pensión vitalicia de 219 mil 942.72 pesos cada 30 días; y Francisco Gil Díaz, a quien los mexicanos le seguimos pagando 219 mil 115.81 pesos al mes. Este último fue promotor de la creación de la empresa privada ISOSA y del derecho de trámite aduanero –operado por los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II–, con los cuales se defraudó por años a la Hacienda Pública.